gasteiz - El tiempo corre y los gobiernos vasco y español no han alcanzado todavía un acuerdo para evitar que la Ley de Iniciativa Legislativa Popular termine en los tribunales. Esa ley es una de las materias que están siendo objeto de negociación entre los ejecutivos de Urkullu y Rajoy, todo ello en un clima de pretendido deshielo por parte de Madrid y de acercamiento a los jeltzales para que faciliten la aprobación de los Presupuestos estatales de este año. La relevancia de esta ley radica en que su negociación es la que más urge porque el plazo para llegar a un acuerdo acaba el 7 de abril. Quedan tres semanas por delante para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha producido avance alguno en las conversaciones.

Las fuentes consultadas aseguran que el ritmo en la negociación para evitar este recurso, pero también otros, está siendo “lento” en general. La siguiente fecha marcada en rojo en la agenda es el 10 de mayo, cuando caduca el plazo para negociar la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, un ámbito donde el choque es absoluto y el acuerdo se antoja muy complicado.

La Ley de Iniciativa Legislativa Popular fue aprobada por todos los grupos en el Parlamento Vasco, incluido el PP, lo que no evitó la amonestación de Mariano Rajoy. Esta ley introdujo varias modificaciones en la normativa existente hasta la fecha, todas ellas encaminadas a facilitar que los ciudadanos remitan proyectos al Parlamento y puedan participar en la elaboración de leyes. En concreto, el Gobierno español quiere llevarla al Tribunal Constitucional porque esta ley permite que los extranjeros residentes en la comunidad autónoma participen en la elaboración de leyes, siempre y cuando su situación sea legal. Madrid asegura que este derecho entra de lleno en la participación política que los ciudadanos de nacionalidad extranjera tienen vetada, salvo en las elecciones municipales.

acuerdos y desacuerdos Por el momento, no hay avances. Ni en esta ley, ni en otras que quedan pendientes. Cabe recordar que el cese de las hostilidades contra las leyes vascas fue una de las condiciones que fijó el PNV para negociar su apoyo a los Presupuestos estatales. El balance de las conversaciones es un tanto desigual, puesto que ha habido acuerdo en torno a la Ley Municipal y el decreto de contratación pública, pero el Gobierno español sí formalizó su recurso contra la Ley de Adicciones, de manera que el artículo impugnado sobre la regulación de clubes de cannabis ha quedado suspendido. No hay ningún principio de acuerdo todavía sobre otras normas como la de iniciativa legislativa popular o la de abusos policiales.

Además, el PNV ha fijado como condición irrenunciable la retirada de los recursos que afectan a las ofertas públicas de empleo número 25 y 26 de la Ertzaintza, donde el desencuentro también es total. No se descarta que la negociación de los recursos se reconduzca porque Rajoy está buscando el apoyo del PNV a los Presupuestos estatales. Algunos acuerdos, como el de la Ley Municipal, se han desbloqueado en reuniones de alto nivel. En el caso concreto de esa ley, el pacto llegó tras recibir el impulso político de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un encuentro con el consejero Josu Erkoreka.

La ley. La Ley de Iniciativa Legislativa Popular fue aprobada por todos los grupos en el Parlamento Vasco, incluido el PP. El Gobierno español quiere llevarla al Tribunal Constitucional porque permite que los extranjeros residentes en la comunidad autónoma participen en la elaboración de leyes.

Los plazos. El límite para evitar que esta ley acabe en el Tribunal Constitucional es el 7 de abril. Un mes después, el 10 de mayo, caduca el plazo previsto para la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. En ese caso, las posiciones están muy enfrentadas.

Las condiciones del PNV. El cese de los recursos contra las leyes vascas es una de las condiciones que fijaron los jeltzales para prestarse a negociar los Presupuestos de Rajoy.