madrid - La Fiscalía Anticorrupción considera que el exconseller de Justicia de la Generalitat presidida por Artur Mas y actual diputado de PDeCAT en el Parlament, Germà Gordó, desempeñaba el papel de “conseguidor” o “recaudador” en el caso 3 % que afecta a diversos responsables de CDC. Gordó, al que el Ministerio Público le atribuye la comisión de hasta seis delitos distintos, habría supervisado la labor del tesorero del partido Andreu Viloca, quien controlaba de forma “sistemática” las supuestas mordidas.

Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos es la larga lista de delitos cometidos por Gordó, según el escrito que la Fiscalía Anticorrupción elevó al juzgado de El Vendrell (Tarragona) que investiga el supuesto pago de comisiones del 3 % de algunas constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas. El informe de los fiscales se apoya en investigaciones efectuadas por la Guardia Civil e incorporadas al caso, que califican el asunto como “paradigma del tráfico de influencias”. Es por ello que los fiscales y consideran “acreditado” que el que fuera uno de los hombres fuertes de Convergència -fue gerente y miembro de la dirección y secretariado de CDC- ejercía de correa de transmisión de la financiación ilegal.

Gordó ejercería esa función en consonancia con el tesorero Viloca. Este último es quien controlaba “de forma sistemática los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC” a cambio de adjudicaciones, lo que suponía “verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones” a través de las fundaciones vinculadas al partido, como CatDem y Forum Barcelona. Así lo apuntan los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo en su escrito. Tanto es así que lo califican como “actor principal” en la red de contrataciones públicas, al erigirse como “la persona de contacto” entre contratistas y administración. “No existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones” mantenidas por Gordó, alguna de ellas en la sede del partido e, incluso, en el Palau de la Generalitat, con algunos responsables de empresas bajo sospecha como Copisa, Rogasa y Oproler.

La acusación de que Gordó era parte de la maquinaria de cobros de comisiones ilegales no es nueva, ya que el informe fue remitido al juzgado el pasado noviembre. Dada la condición de aforado de Gordó, el juez de El Vendrell emitió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en enero rechazó investigarle al no ver indicios claros de su relación con la supuesta trama. Alegó que los indicios apuntados por el magistrado, que incluyen reuniones de Gordó con empresarios vinculados a la trama del 3 %, eran imprecisos, por lo que la devolvió al magistrado para que, si lo era oportuno, concretase su petición en un segundo informe. Fuentes de CDC aludieron ayer a esa situación para exculpar a Gordó, pero tampoco se descarta que el caso se reabra para volver a pedir la imputación.

facturas falsas Por su parte, los responsables de las empresas Altraforma e Hispart reconocieron ayer haber falsificado facturas para cobrar al Palau de la Música los trabajos realizados a CDC. Así se lo habrían pedido los responsables de la formación, según admitieron en el juicio del caso 3%, en el que aseguraron que los pagos -que superarían en millón de euros en conjunto- sirvieron en algunos casos para financiar una campaña electoral en 2004. - Efe