BILBAO - El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, advirtió ayer de que, si ETA entrega las armas, estas no se pueden destruir, sino que tienen que acabar en los tribunales porque pueden ayudar al esclarecimiento de atentados aún sin resolver e incursos en procedimientos penales abiertos. Se trata de una derivada que no ha sido introducida hasta la fecha en la polémica política sobre el proceso de desarme de los arsenales de la organización.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ibarra señaló que, si las armas “son de una organización delicuencial, han podido ser empleadas en la comisión de delitos” y, por tanto, considera que no pueden ser destruidas al menos hasta que no hayan sido analizadas por los jueces. Se trata de una cuestión que no ha tenido reflejo en el cruce de mensajes que a través de los medios de comunicación se ha producido en los últimos días entre los actores implicados, especialmente a raíz de una entrevista de David Pla en la que en nombre de ETA rechazó la propuesta de desarme del Gobierno Vasco. Asimismo, reprochó al Ejecutivo de Urkullu que actúa con intención de sacar rédito político y señaló que la propuesta de Lakua sobre el desarme presentada en diciembre de 2014 “nació muerta” porque solo buscaba aprovechar con ella “una ventaja política, al tiempo que desgastar la posición de ETA y la izquierda abertzale”.

Además, emplazó al Gobierno Vasco a que contacte con la banda para encarrilar el desarme, a lo que el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, contestó que “no es serio convocar una reunión a través de los medios de comunicación”. También emplazó a ETA a que aborde de una vez el desarme; si no es por la vía propuesta por Lakua, por cualquier otra.

En medio de este debate, el presidente del Tribunal Superior vasco introduce el factor penal de la cuestión de la destrucción del armamento y sostiene que, llegado el caso, previamente habría que poner las armas a disposición de los jueces para su análisis en los sumarios abiertos o que se pudieran abrir en un futuro a la luz de los datos que pueda aportar el arsenal. Algunas asociaciones de víctimas cifran en más de trescientos los atentados de ETA pendientes de esclarecer. Ibarra añadió que “la garantía en cuanto a la entrega de esas armas es la cadena de custodia que, desde que se entregan hasta que llegan al ámbito judicial - que es donde finalmente tienen que llegar como piezas de convicción-, no debe romperse”. El magistrado consideró que, “para eso, hacen falta garantías”. - H.U.