Una operación policial “contra la acción propagandística de entrega de armas”. Así definió el Ministerio del Interior español el arresto de cinco personas que la Policía francesa llevó a cabo en colaboración con la Guardia Civil a última hora del viernes en Luhuso, a unos 30 kilómetros al este de Baiona. Casi al mismo tiempo que se producían los arrestos, una cuenta de Twitter denunció la operación policial para “impedir” el desmantelamiento de parte del arsenal. Entre los arrestados, cuya identidad no revelaron las fuentes oficiales, se encuentran miembros destacados de la sociedad civil de Iparralde.

La del viernes al sábado fue una noche confusa. Tras la detención de las tres personas que se encontraban en un caserío de Luhuso, fueron arrestadas otras dos: la propietaria del inmueble, la excorresponsal de Radio Euskadi en Iparralde Béatrice Haran-Molle, y quien le acompañaba. El Ministerio del Interior español anunció tres detenciones poco antes de las 22.30 horas en lo que definió como un “nuevo golpe” contra contra los “depósitos de armas y explosivos de la banda terrorista ETA en Francia”.

En una carta que los arrestados dejaron escrita por si eran detenidos y que Mediabask publicó la misma noche del viernes, reconocen que iban a inutilizar “alrededor del 15%” del arsenal de ETA tras haberle reclamado semanas atrás, ante la “situación absurda” de bloqueo, que “transfiriera a la sociedad civil la responsabilidad política de destruir todo su arsenal militar”.

La misma web de Iparralde publicó dos cartas en las que, en la última, fechada el 15 de noviembre, ETA acepta la intermediación de estas personas, a quienes transfiere “la responsabilidad política y técnica” del desarme, con la condición de que “el camino que se vaya a hacer no deje un resquicio para cualquier lectura errónea, para que se haga una malvada lectura de vencedores y vencidos”.

En un primer momento se anunció que entre los tres detenidos de la Operación Seminario se encontraba el presidente de la Liga de los Derechos Humanos, Michel Tubiana. No era así, aunque es uno de los tres firmantes de la carta junto al activista medioambiental y exresponsable en Iparralde de la fundación Manuel Robles Arangiz -creada por el sindicato ELA-, Jean-Noël Txetx Etcheverry; y el sindicalista agrícola y expresidente de Laborarien Ganbara Mixel Berhocoirigoin, rostros conocidos en Iparralde. Con ellos dos fueron arrestados la propietaria del inmueble, el cámara Stéphane Etxegarai Etxe y el productor vinculado a la denominación de origen Irulegi Mixel Bergougnan. La Policía gala, que reconoció que llevaría “días” analizar lo encontrado en Luhuso, no trasladó ayer a los arrestados a París, como suele proceder.

“No estaba, pero tenía que haber estado allí”, reconoció Tubiana a Le Monde. Unas detenciones que, a diferencia de otras noticias sobre ETA, ha llevado a los medios galos a prestar atención al proceso del final de ETA, Le Monde tituló en su web “embrollo en torno a una operación contra ETA”.

Casi al mismo tiempo que los agentes policiales practicaban los arrestos, en Twitter saltaba un aviso. Eran las 20.31 horas del viernes cuando una cuenta sin verificar y con apenas seguidores, llamada PaixEnPB/BakeaEHan (@bakeaEHan), anunció que “la sociedad civil toma sus responsabilidades y se compromete con el desmantelamiento del arsenal de ETA. ¡Operación policial en marcha para impedirlo!”.

Junto a los cuatro mensajes que lanzó en el mismo minuto, en los que reclamaron acudir a Luhuso a “apoyar el proceso de paz” con una “manifestación inmediata y pacífica”, se publicaron varias fotografías en las que se muestran un taladro de mano y una tronzadora.

El objetivo de la cita de Luhuso, explicó Tubiana a Le Monde, era “neutralizar las armas antes de entregarlas a las autoridades francesas”. En la carta que tenían preparada, los detenidos explican que se proponían inutilizar “alrededor del 15% del arsenal” del que aún dispone ETA.

Por su parte, el Ministerio del Interior español aseguró ayer por la tarde en un segundo comunicado, en el que no detalló cifras -por lo que resulta imposible saber a cuánto asciende el 100%-, haber encontrado “decenas de armas cortas, armas largas de distintos modelos, abundante munición, explosivos y material para la confección de artefactos explosivos y bombas lapa” y que, con la investigación en marcha se pretende “intentar esclarecer atentados no resueltos”.

“La actuación policial ha supuesto un duro golpe para la organización terrorista, no solo por el significativo volumen de armas intervenido”, terminó por reconocer Interior, “sino porque ha desbaratado la acción propagandística de entrega de armas que tenía pensado llevar a cabo”.

“Los investigadores creen que el material intervenido iba a ser utilizado para realizar una escenificación similar a la llevada a cabo en febrero de 2014”, señaló el Ministerio en referencia al encuentro entre dos miembros de ETA y otros dos miembros de la “organización no gubernamental denominada Comisión Internacional de Verificación”, lo que Interior definió como “una paupérrima muestra de armas y que posteriormente se llevaron los propios terroristas”.

Reacción en Iparralde Al poco de conocerse la operación, los agentes agrupados en torno a Bake Bidea, impulsora del Foro Social junto a la extinta Lokarri, convocaron una marcha que recorrió las calles de Baiona en la tarde de ayer y que trasladó un rechazo casi unánime de las fuerzas de Iparralde ante las detenciones bajo el lema Bakearen alde. Libertad para los artesanos de la paz.

Con menos divisiones en materia de paz que al sur del Bidasoa, la gran mayoría de la escena política se posicionó a lo largo de la mañana frente a la operación policial. La diputada socialista Colette Capdevielle se ubicó “siempre del lado de la paz, sobre todo cuando la sociedad civil se moviliza”; mientras que el exalcalde conservador de Biarritz y vicepresidente del consejo departamental de los Pirineos Atlánticos, Max Brisson, cargó contra el Ejecutivo de François Hollande (“el Gobierno socialista se opone a la destrucción del arsenal de ETA y ordena arrestar militantes de la paz. Incomprensión total”) y el eurodiputado altermundista galo José Bové reclamó la “inmediata puesta en libertad de los hacedores de paz en el País Vasco”.

Minutos antes de la marcha, que congregó a cerca de 4.000 personas, una veintena de electos de diversos partidos entre los que se encontraban el alcalde de Biarritz, Michel Veunac (MoDem); el de Hendaia, Kotte Ecenarro (PS); y el de Baiona y el presumible presidente de la mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray (UDI), y la senadora socialista Frederique Espagnac compareció ante los medios para solidarizarse con los cinco detenidos.

Junto a estos representantes institucionales, a la marcha, a la que acudieron los principales representantes del sindicalismo abertzale como Adolfo Txiki Muñoz (ELA) y Ainhoa Etxaide (LAB), también se sumaron los principales responsables del PNB (Pako Arizmendi) y de EH Bai (Daniel Olçomendi). Representantes de estas fuerzas en la CAV y Navarra como los jeltzales Joseba Agirretxea y Luke Uribe-Etxebarria; o los miembros de EH Bildu Maddalen Iriarte, Pello Urizar y Jon Iñarritu también cruzaron el Bidasoa para participar en la marcha de Baiona.

PSE y PP se desmarcan Fueron, junto a Podemos, las tres formaciones que denunciaron el operativo. En palabras de Joseba Egibar, son “cinco activistas del mundo de la economía, el sindicalismo y de la paz de Iparralde” a quienes “todos conocemos y que sabemos que no tienen ninguna vinculación con ETA”. En la misma línea que Egibar en Radio Euskadi, el Gobierno Vasco dio por válidas las informaciones que “dan a entender que ETA está inmersa en un proceso de desarme unilateral y, en su caso, de neutralización, inutilización y destrucción de su arsenal”, por lo que reiteró su disposición, en pie desde 2014, a “la verificación de un desarme definitivo e incondicional”.

El líder de Sortu, Arnaldo Otegi, señaló a Efe que existe un “dispositivo brutal” de los estados español y francés “tratando de impedir que el desarme sea posible”; mientras que el portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, calificó los arrestos como una “traba más al proceso de desarme”.

De este discurso se desmarcaron el PSE y el PP. Mientras el socialista Eneko Andueza dijo desconocer qué versión de los hechos creer -si la carta de los detenidos o el comunicado de Interior- y reclamó a ETA que diga que quiere disolverse para, “nosotros como PSE, apoyemos un proceso de desarme que dé plenas garantías”, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, tuiteó que las detenciones “constatan el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho”.