Desde hace años, el aniversario de la Constitución española ha servido para debatir sobre su vigencia y en su 38 cumpleaños se ha cumplido la tradición. Esta vez, toda la clase política ha coincidido en que toca ya su puesta al día aunque, eso sí, no hay acuerdo sobre cuándo abordar la reforma y sobre todo, para qué.
En un momento político sin mayorías claras en el Parlamento podría parecer más difícil que nunca abordar esa reforma de la Carta Magna, aunque algunos creen que es precisamente ahora cuando se puede coser un consenso parecido al que alumbró la Constitución en 1978. La inestabilidad política de este año que toca a su fin con un gobierno en funciones durante diez meses, la obsolescencia del texto constitucional, la igualdad entre hombre y mujer, el catálogo de derechos fundamentales, las funciones del Senado, el reparto de competencias entre las autonomías y el Estado y entre estos y la Unión Europea, y el encaje territorial y la agitación de las cuestiones territoriales en Euskadi y, sobre todo, en Catalunya vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el melón constitucional.
El PP siempre ha puesto pie en pared ante esta posibilidad pero ahora que ha perdido la mayoría absoluta en el Congreso las opciones para acometer esa reforma son algo mayores, especialmente con la irrupción de nuevos partidos. El Gobierno de Rajoy ya no puede oponerse sin más a la reforma y lo condiciona a un consenso previo y a fijar de antemano aquello que se quiere reformar del texto constitucional. Por supuesto, con la línea roja del debate territorial y la intangibilidad de la unidad de la nación española.
Rajoy está dispuesto a escuchar las propuestas que sean razonables pero alerta de que debe tenerse claro qué se quiere cambiar y qué es lo que no hay que tocar. Subraya que si se creara en el Congreso una subcomisión para la reforma de la Constitución como ha pedido el PSOE, habría que tener “una idea aproximada de cuál es el final” de la misma.
No sería la primera vez que se reforma la Constitución. Anteriormente se le ha metido mano en dos ocasiones. En ambas ocasiones han sido pequeños retoques y, además, por exigencias europeas. El primero fue en 1992 y se hizo para permitir el voto de los ciudadanos comunitarios en elecciones municipales. El segundo tuvo lugar en 2011, con la crisis económica rampando a sus anchas por todo el Estado español. Llevó a la fama el artículo 135 de la Carta Magna, que se cambió en un tiempo récord de dos días entre PSOE y PP y que establece el límite de déficit y sacraliza la estabilidad presupuestaria del Gobierno de turno.
La propia Constitución recoge en su título X, entre los artículos 167 y 169, el trámite necesario para su reforma. Hay dos caminos para hacerlo, dependiendo de las materias que se quieran modificar. La primera vía requiere el apoyo de tres quintas partes del Congreso de los Diputados y el Senado y no exige obligatoriamente un referéndum para su aprobación, salvo que así lo solicite un 10% del Congreso. Las dos modificaciones que ha registrado la Constitución se han operado de esta manera.
La otra vía es más compleja y se caminará por ella cuando lo que se quiera cambiar afecte al cogollo de la Constitución, es decir, las instituciones básicas del Estado, los derechos y libertades básicas, el modelo de Estado -en el caso español, monarquía parlamentaria- o el marco autonómico y el encaje territorial.
El primer paso es llevar la norma que se quiere someter a votación al Congreso y al Senado, donde deberá aprobarse con una mayoría de dos tercios de las cámaras. Si se aprobara el texto en ambas cámaras, se disuelven las Cortes y se convocarían elecciones. Las nuevas Cortes tendrán que aprobar entonces, con mayoría simple, si siguen adelante con la reforma del texto. De nuevo, tendrá que pasar por el mismo proceso de votación en el Congreso y el Senado. Aprobada la reforma, ésta será sometida a referéndum obligatorio. En el caso de que el resultado sea favorable, el rey ratificará la modificación en el BOE.
Es un procedimiento muy complicado que hace muy difícil una reforma constitucional de calado, lo que explica que en ambos casos con el respaldo de las dos fuerzas políticas mayoritarias, PP y PSOE.
No al derecho a decidir
Los populares muestran por primera vez su disposición a la reforma, aunque sin mucho entusiasmo ni con una propuesta de cambios. Esperan a que la oposición sea capaz de aglutinar fuerzas y presentar una propuesta. Lo único que ha adelantado es su oposición total a abrir el melón constitucional para abordar el derecho a decidir y permitir referéndums soberanistas, bajo el argumento de que el futuro de una parte del Estado que se quiere segregar debería decidirse por todos los españoles.
Reparto de competencias
El PSOE, al igual que el PP, sostiene que los cambios no deben introducir el derecho a decidir y propone una reforma federal, aunque no explican qué tipo de federalismo. En ese pacto territorial pide la reforma del Senado, “racionalizar” y “clarificar” la distribución de competencias entre Estado y autonomías, así como establecer nuevos criterios en la financiación de las autonomías. También pide eliminar la preferencia de los varones frente a las mujeres en el derecho de sucesión a la Corona y reformar el artículo 135 para que los servicios públicos tengan financiación suficiente.
Plurinacionalidad
El partido liderado por Pablo Iglesias considera que el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos utilizan la Constitución de 1978 como un “búnker” para atrincherarse y apuesta por llevar a cabo un proceso constituyente en el que se modifique la Carta Marga “con la gente” para ensancharla e incluir asuntos como la “plurinacionalidad” de España y el referéndum o la reforma electoral para que sea más proporcional y por mecanismos para garantizar la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción. La fuerza morada también pide que la Carta Magna blinde derechos sociales como la vivienda, la educación y la sanidad.
Eliminar diputaciones
El partido liderado por Albert Rivera está en contra del derecho a decidir. Es refractario al concepto de España como “nación de naciones” y a abrir un “debate identitario. Asimismo, pide reformar el sistema electoral (adoptando el sistema alemán) y consagrar algunos derechos sociales. Ciudadanos también propone la reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara autonómica, la supresión de los aforamientos políticos, el sistema electoral o la clarificación de las competencias de cada nivel de la Administración y su financiación, así como eliminar las diputaciones provinciales.
