indiferencia es posiblemente la palabra que mejor puede expresar el sentimiento en Euskadi, en líneas generales -también hay quien la ensalza y quien la repudia con pasión-, con respecto a la Constitución Española refrendada por la ciudadanía española hace ya 38 años y por cuya reforma claman cada vez más voces, entre ellas las del principal partido de la oposición en el Estado, el PSOE, partidario de convertir a España en un estado federal.

En Euskadi ganó el sí a la Carta Magna, que obtuvo casi medio millón de votos, frente a los poco más de 150.000 que optaron por el no, pero el dato clave es que más de la mitad de los vascos, un 55,3%, se quedó en casa.

La Constitución no despertaba pasiones en la CAV y parece que tampoco lo sigue haciendo casi cuarenta años después pero, ¿qué dice exactamente con respecto al encaje del Pueblo Vasco en el Estado, ahora que en el Parlamento de Gasteiz se va a reactivar una ponencia de autogobierno que quiere redefinir precisamente eso? En su disposición transitoria cuarta la Constitución contempla, ni más ni menos, la constitución de Hego Euskal Herria como sujeto político, mediante la unión de dos comunidades autónomas, la vasca y la navarra, siempre que dicha propuesta salga adelante en un referéndum, aunque no queda claro si a ese sufragio tendrían derecho sólo los navarros, los navarros y los ciudadanos de la CAV, o todos los habitantes del Estado con derecho a voto. Ningún otro ente autonómico del Estado tiene esa capacidad para fusionarse con otro.

Además, de la Constitución Española deriva el Estatuto de Gernika, un instrumento cuya validez defienden en Euskadi PNV, PSE y PP, aunque en este caso los matices hacen que en muchas ocasiones esa coincidencia responda a motivaciones políticas contrapuestas. Así, el PP defiende el Estatuto precisamente por venir legitimado por la Constitución que, garantizando la igualdad de todos los españoles, atribuye a Euskadi -y también a Navarra- facultades de autogobierno que, dicen los conservadores, no tiene parangón en toda Europa.

En el PNV, sin embargo, consideran que el modelo ha sido válido hasta ahora pero que precisa de una redefinición, que además debe ser diseñada en Euskadi y avalada por su ciudadanía. Los nacionalistas admiten las facultades que el Estatuto otorga a la CAV, pero esos derechos avalados por la Carta Magna a día de hoy, cuatro décadas después, no han sido colmados, y por ejemplo Euskadi no tiene en su mano la gestión de las prisiones, que ahora reclama el PNV.

Ese Estatuto, por otro lado, establece que el euskera es lengua oficial de Euskadi y que todos los vascos tienen derecho a conocerla y a utilizarla en igualdad de condiciones con el castellano, sin discriminación de ninguna clase.

Además, el Estatuto avala, y también por tanto la Constitución, la anexión a Euskadi de “otros territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro del territorio de la misma”, siempre que lo refrende la población de dicho territorio, el Parlamento Vasco y las Cortes Generales. Es decir, que Trebiño puede, legalmente, pasar a formar parte de Euskadi. Lo que ocurre es que a efectos prácticos, cuarenta años después, y tras varios intentos de conseguirlo por parte de los propios habitantes del enclave, la cuestión sigue estancada y sin visos de solucionarse.

Por otro lado, y junto con las posibilidades que deja la Carta Magna a la autodefinición territorial de Euskadi y de Navarra, hay otros aspectos que cierran tajantemente cualquier vía a mayores aspiraciones en materia de estatus y soberanía, y a esa imposibilidad es a la que apela EH Bildu cuando pone de manifiesto su escasa fe en llevar adelante un proceso de autodeterminación de mutuo acuerdo con el Estado. La coalición no cree que en las Cortes se admita una reforma constitucional en ese sentido, y el texto original deja bien claro en su artículo 2 que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Ese derecho a la autonomía es el tope previsto en la Carta Magna, y en caso de que alguien contemplase vulnerarlo el texto constituyente advierte de que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Es este artículo 8, sin duda uno de los más polémicos de la Constitución Española, la garantía a la que han llegado a apelar algunos desde el estamento militar a cuenta del procès catalán, que está poniendo a prueba las costuras el Estado desde el punto de vista jurídico, un problema que no tuvieron los escoceses en su apuesta por el referéndum porque en Gran Bretaña no hay Constitución.