bueno, ya ha trascurrido el tiempo suficiente para la autocomplacencia. Ya hemos tenido ocasión de sobra para felicitarnos por la diferencia entre la salida de unas elecciones en España y en Euskadi, por el alto valor del diálogo frente a la confrontación, por la eficacia de cumplir los plazos frente a la inoperancia de marear la perdiz durante un año. Cumplido, pues, el merecido trámite de la propia satisfacción, llega el momento de ponerse a trabajar.

El Gobierno presidido por Iñigo Urkullu se ha marcado una tarea ingente que no admite dilaciones, tarea que suma la dificultad de avanzar en asuntos clave ajustando al máximo un acuerdo transversal que requerirá dosis especiales de negociación, generosidad y compromiso.

Las fuerzas políticas vascas han demostrado capacidad suficiente para lograr acuerdos en materias habituales como los Presupuestos, el sentido social de las posibilidades económicas, el equilibrio igualitario del gasto o la orientación de las inversiones. Evidentemente habrá discrepancias, pero se trata de distribuir lo que hay y, aunque nunca lloverá al gusto de todos, los límites del acuerdo suelen ser alcanzables. Pero a nadie se le oculta que en esta XI Legislatura entramos en una etapa nueva, apasionante, que va a estar marcada por el acuerdo para un nuevo estatus de autogobierno como elemento clave. Esta mejora competencial debería llevar, necesariamente, al consenso sobre un nuevo marco jurídico político que precisa de mayoría parlamentaria, pero que al mismo tiempo está condicionado por limitaciones legales más o menos impuestas y experiencias previas fallidas. Las iniciativas lideradas por el lehendakari Ibarretxe, tal y como fueron planteadas, no son viables. La experiencia del procès catalán, a la vista del empantanamiento en que se encuentra, no parece ejemplo a seguir.

La Ponencia de Autogobierno deberá activarse esta vez con mayores posibilidades, con mayor recorrido que en la anterior legislatura. Y es que no basta con proclamar, casi como desafío, que una mayoría muy clara del Parlamento de Gasteiz está de acuerdo con el ejercicio del derecho a decidir. Son necesarios acuerdos previos básicos, acuerdos entre diferentes, que vayan desbrozando el camino para llegar a ese nuevo estatus. Que en el pacto de gobierno se haya acordado el principio de que Euskadi es una nación es un gran paso para reivindicar la realidad de un Estado plurinacional sustentada en una mayoría incontestable.

Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Es claro que para el logro de esas mayores cotas de autogobierno no se cuenta de momento con la colaboración del Gobierno central, sino todo lo contrario. El menosprecio por las competencias vascas en los últimos años ha sido una constante, y el rosario de recursos e incumplimientos padecidos inducen necesariamente al pesimismo ante los afanes recentralizadores. La respuesta a esta cerrazón del Estado es la presión política mediante la habilidad negociadora para consolidar primero las competencias incluidas en el Estatuto, Ley Orgánica contemplada en la Constitución.

Ante la actual carencia de mayoría absoluta del nuevo Gobierno español, si se logra ese acuerdo parlamentario previo podrá forzarse una relación basada en la bilateralidad, lo cual no es nada nuevo teniendo en cuenta que así lo contempla la vigente Comisión Mixta del Concierto. Tarea ingente, por supuesto, a la vista del rosario de recursos que el Ejecutivo del PP viene acumulando ante el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos. Pero no es lo mismo reivindicar los derechos históricos desde una mayoría débil y fraccionada ante un oponente compacto, autoritario y prepotente, que hacerlo desde el acuerdo transversal y consistente ante un adversario débil y necesitado. El nuevo tiempo y la nueva correlación de fuerzas parlamentarias deja entrever una mayor independencia del poder judicial que acabaría con la sumisión que ha venido manifestando el TC ante los intereses del Gobierno del PP.

Hará falta mucha habilidad, mucha audacia y, sobre todo, mucho acuerdo aquí primero y allá después, para ir explorando todos los resquicios de legalidad que nos permitan avanzar hacia la consolidación de nuestro autogobierno, de forma que puedan ser asumidos o, al menos, aceptados por los que hasta ahora desde la fuerza estaban instalados en el inmovilismo y ahora se saben necesitados de pactos.

Nada más constituirse el Gobierno presidido por Urkullu, PNV y PSE han pedido la creación de una Ponencia de Autogobierno para reformar el Estatuto de Gernika a través de una proposición no de ley en la que apuestan por “una reformulación del modelo autonómico” del Estado y por una “reforma constitucional” que amplíe las posibilidades de mejorar el autogobierno. Empieza el baile.