BILBAO - En materia de paz y convivencia el acuerdo PNV-PSE tiene un aire continuista respecto del trabajo realizado y los proyectos abordados durante la pasada legislatura por el Gobierno Vasco y tienen un encaje claro en la línea de acción llevada a cabo por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández y su equipo. El texto recoge la necesidad de impulsar un nuevo Plan Integral de Convivencia y Derechos Humanos que sucedería al vigente pero, en líneas generales, las propuestas que se realizan en este capítulo son una síntesis de los objetivos ya recogidos en aquel plan y en otros casos suponen un desarrollo de los proyectos pendientes.
También propone recuperar la fracasada Ponencia de Paz para volver a intentar un consenso entre los grupos parlamentarios que no pudo darse la legislatura pasada en la que los partidos, fundamentalmente EH Bildu y PSE, se empantanaron en torno al llamado “suelo ético”. El nuevo órgano parlamentario se llamará Ponencia sobre Memoria y Convivencia en Euskadi.
El acuerdo hace referencia expresa al desarme de ETA y aboga por un “final ordenado” de la violencia que se basa en la verificación de un calendario de entrega del arsenal de armas definitivo que “previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional” como expresión de su voluntad de disolución. Así, intentará crear una propuesta de desarme que pretende tener el respaldo consensuado de una Proposición No de Ley en el Parlamento Vasco.
En política penitenciaria, socialistas y jeltzales se comprometen a promover, desde la legalidad, la reinserción individualizada de los presos de ETA, previo reconocimiento del daño causado, en línea con las medidas impulsadas por el gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero conocidas como vía Nanclares y luego aplicadas y fomentadas por el Gobierno de Iñigo Urkullu. También reivindica y se compromete a trabajar en el traslado de los presos a prisiones cercanas a Euskadi y deja entrever que propondrá actuaciones de “humanidad” para los reclusos con enfermedades graves que, según Etxerat, actualmente se elevan a once.
El texto no olvida reclamar el traspaso de la competencia de las cárceles a la CAV y lo hará a través de la presentación de sendas Proposiciones No de Ley en el Congreso de los diputados y en el Parlamento Vasco, que también reclamarán la regulación de políticas públicas de reinserción de los presos.
Las víctimas del terrorismo también tienen su apartado en el texto y se cuida mucho de evitar equiparaciones entre ellas. Hasta en tres ocasiones señala que aplicará políticas públicas de verdad, justicia, reparación y solidaridad sin establecer “paralelismos” o “equiparaciones” sobre las causas de su victimización, es decir, si son de ETA, del GAL o de abusos policiales. Sobre la Ley de Abusos Policiales aprobada el pasado julio por el Parlamento y luego recurrida por el Gobierno de Rajoy, el nuevo Ejecutivo vasco se compromete a apoyarla e impulsarla.
En cuanto al relato, se compromete con una memoria crítica, que rechace la “legitimación o minimación” del terrorismo pasado y su oposición frontal al presente o futuro.
Final ordenado de la violencia. Impulsará una propuesta sobre desarme de ETA y para su disolución, que tendrá el respaldo de una Proposición No de Ley.
Presos ETA. Acordar una propuesta que fije como objetivo principal la reinserción y también el acercamiento de presos.xx
Competencia de Prisiones. Instar al Estado al traspaso de la competencia de las cárceles
Víctimas. Políticas de verdad, justicia y reparación sin establecer “equiparaciones” entre ellas.
