Las asociaciones de víctimas elevan el número de casos sin resolver

“Hay informes de balística que han tardado décadas en llegar a la Audiencia Nacional, ha habido confesiones de etarras que asumieron en sede policial que participaron en asesinatos y se han extraviado. Ha habido expurgos; se han quemado sumarios, cuando estamos hablando de terrorismo”, señala Calderín, que alude a un ejemplo concreto. “Contra Josu Ternera se emitió una orden de búsqueda y captura a raíz de una información de 1982, eso es una barbaridad, y además no era información policial, sino de personas que participaron en el asesinato y que fueron condenadas por ese asesinato, por dar información. Y lo declararon en sede policial, pero también se reafirmaron en sede judicial. Se quedó esa información olvidada en un cajón dieciséis años”, critica.

Calderín y Covite consideran, además, que los casos sin resolver no pueden acotarse simplemente a aquellos en los que no ha habido juicio y sentencia. “Aparte de que hay que añadir los 77 casos amnistiados, también hay casos de sentencias absolutorias, y es bastante habitual que las condenas se dirijan contra meros colaboradores, y para que un crimen sea resuelto se tiene que determinar quiénes fueron los autores materiales, los intelectuales y los colaboradores”, afirma el portavoz de Covite, quien pone como ejemplos de estos casos con sentencia pero sin justicia los del Policía español Eduardo Puelles, o el del parlamentario vasco y concejal del PP en Donostia Gregorio Ordóñez. En ambos casos, recuerda, se desconoce quiénes ordenaron los atentados.

Calderín asegura que en el caso de los GAL la ausencia de responsabilidades intelectuales es “igual o mayor” en relación al número de sentencias, pues “aunque en los casos juzgados por la Justicia francesa ha habido condenas en la mayoría de las ocasiones, recaen solo sobre mercenarios, no sobre quien ordenó asesinar”.

Calderín, quien defiende que los atentados se investiguen aun cuando hayan prescrito, “porque aquí prima el derecho a la verdad”, considera que se debería hacer más hincapié en la necesidad de que la reinserción implique colaborar con la Justicia.

Calderín, en definitiva, defiende que “tienen que pagar todos los responsables” de todas las muertes, sean de “ETA, del GAL o del Batallón Vasco Español, y si hay que poner patas arriba a determinados sectores por su participación en los asesinatos, habrá que hacerlo”.

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), también ha analizado exhaustivamente muchos casos de atentados sin resolver, y aunque coincide con Juanfer Calderín en que “ha habido negligencias”, subraya que “los medios que se tenían en los años ochenta no son los de ahora”. En 2011, con motivo del cese definitivo de la violencia, la AVT hizo público un informe en el que detallaba los más de 300 casos sin resolver de atentados con resultado de muerte, pues “desde determinados sectores se venía a estar a favor de vaciar las cárceles. Nosotros quisimos hacerlo público para decir que sí, que nos alegramos [del cese de ETA], pero que queda mucho por hacer para que en el día de mañana podamos poder hablar de un final del terrorismo, de una derrota de ETA, porque consideramos que el elemento de la Justicia es el fundamental sobre el que construir la paz”. E insiste: “Yo no quería buscar responsabilidades, o decir que el Estado no ha funcionado, sino recordar que esto está pendiente y ponernos a trabajar”. De hecho, afirma, “la Audiencia Nacional, la Fiscalía y los cuerpos y fuerzas de seguridad se pusieron a trabajar” y se han reabierto varios casos, “en algunos se ha conseguido juzgar y en otros no, pero se han interrumpido las prescripciones, que es muy importante, y se sigue trabajando”.

DERECHO A SABER Ladrón de Guevara separa dos aspectos fundamentales en esta cuestión de los asesinatos sin resolver, el del derecho a la justicia y el del derecho a saber. En ese sentido, recuerda que el 60% de los casos ha prescrito, y aunque no se pueda sentar en el banquillo a los responsables, sí cree necesario que se sepa qué pasó. “Para las víctimas es muy importante, y lo están reclamando”, señala.

Su mecánica de trabajo para esclarecer esos atentados es ir revisando los sumarios, “teniendo como referencia esos años críticos de prescripción”. Así, “si partimos de 2011, empezamos por los del año 91, 92 y 93, aunque no es algo matemático, porque si hay alguna actuación judicial que interrumpe la prescripción ganas tiempo”.

Ladrón de Guevara explica que a veces en los sumarios hay declaraciones policiales que se pasan por alto o “informes periciales que obraban en un sumario pero hacían mención a varios atentados”. La abogada recuerda, por ejemplo, la documentación incautada al comando Madrid en un piso franco de Salamanca. “Analizándola con detenimiento, documento a documento, yo vi que se hacía referencia a varios atentados”. Al estar la AVT personada en todos los sumarios se pueden cruzar datos y obtener una visión global, “y los cuerpos de seguridad también hacen ese trabajo”.

La representante legal de las víctimas señala, en ese sentido, que posiblemente la documentación que Francia remitirá a España relativa a ETA le permita “reforzar algún sumario reabierto, me consta que alguna documentación podrá servir”. - DNA