MADRID. Así lo ha informado a la juez Carmen Lamela en un escrito en el que señala que este órgano debe ser el competente en la investigación e insta a pedir las actuaciones al juzgado que investiga los hechos en Iruñea.
"Se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública", señala el informe.
Además de las actuaciones al Juzgado de Iruñea, la Fiscalía interesa que se oficie a la Guardia Civil para que, con carácter urgente, emita informe "sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente, en la localidad de Altsasu".
El Ministerio Público, que actúa tras la denuncia de los hechos realizada por la asociación de víctimas COVITE, considera que "existen indicios que permiten apreciar la existencia de un posible delito de terrorismo" del artículo 573 del Codigo Penal, que castiga determinadas actuaciones que tienen como fin generar una grave alteración para la paz pública.
CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO DESDE KAS
Los hechos denunciados por la asociación se refieren a la agresión sufrida por sus agentes y sus parejas, pero según la Fiscalía estaba "enmarcada dentro de la campaña de hostigamietno que sufren los mencionados agentes en determinadas localidades la CAV y Nafarroa y, concretamente, en el presente caso, en la localidad de Altsasu".
En su escrito, de tres páginas, el fiscal José Perals alude a la Alternativa KAS y en una de sus imposiciones, que era "la expulsión de Euskadi de la Guardia Civil" y que posteriormente, en los años 90, en la denominada Alternativa Democrática también se recogía esta exigencia que fue asimismo "uno de los ejes de actuación de la izquierda abertzale".
También alude el fiscal Perals a la sentencia de 1997 que condenó a la Mesa Nacional de HB incluía en los hechos probados que una de las condiciones de ETA para abandonar las armas era "la amnistía general e incondicional" y "la segunda condición es la salida de las Fuerzas Armadas españolas".
Igualmente se hace mención a la sentencia del caso 'Kas-Ekin' que habla de tratar el delito de terrorismo sobre la base de una triple configuración que incluye los delitos ligados a la actividad terrorista.
En esta sentencia también se aludía al Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York en 1999, que destaca la importancia de la "motivación que mueve al delincuente", como puede ser obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o "desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas,constitucionales, económicas o sociales de un país".
Añade que en la denuncia de COVITE se hace referencia también a otra sentencia del Supremo de 2009, la del caso Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna que alude a la exigencia del denominado "frente de masas de ETA" de la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco.
Por todo ello, concluye que lo ocurrido en Altsasu pudiera estar encuadrado en el delito de terrorismo en la nueva redacción dada por la reforma legal de 2015 y debe declararse la competencia del Juzgado Central del Instrucción numero 3.
Concretamente, le pide a la juez Lamela que requiera al Juzgado de instrucción de Pambplona que remita testimonio íntegro de las actuaciones -como paso previo a pedir la inhibición en favor de la Audiencia Nacional-, que se oficie a la Guardia Civil para que informe sobre la campaña de acoso que sufren sus agentes en la zona y que se ordene a la Policía Foral de Navarra que remita en el plazo más breve posible todas las actuaciones practicadas con motivo de lo ocurrido.
El fiscal no se refiere en ningún momento de su escrito al movimiento popular Ospa!, contrario a la presencia de Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en Nafarroa, contra la que se dirigía también la denuncia de Covite.
Concretamente, Covite pedía actuar contra los responsables de la cuenta de Twitter '@AltsasukoGA' y contra aquellas otras personas y entidades que pudieran haber sido partícipes en las campañas 'Alde Hemendik' y la iniciativa 'Ospa eguna' a favor de la salida de las FSE de Navarra.
