GASTEIZ - La jueza que instruye el caso De Miguel, María Eneida Arbaizar decretó ayer la apertura del juicio oral por la presunta red de corrupción y cobro de comisiones ilegales encabezada por el ex número dos del PNV en Araba, Alfredo de Miguel, en el que están procesados una veintena de exdirigentes y antiguos miembros de este partido. De Miguel, para el que la Fiscalía pide casi 55 años de cárcel por más de 20 delitos, deberá hacer frente a una fianza de 16,5 millones de euros.

En su auto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz da por formulada la acusación contra De Miguel y el resto de los imputados en esta causa, entre los que se encuentran otros destacados exdirigentes del PNV como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para quienes la Fiscalía pide 32 años de prisión.

En su escrito de acusación, formulado el pasado mes de marzo, la Fiscalía pedía una condena de casi 55 años de cárcel y una fianza de 25 millones de euros para el presunto líder de la trama, al que considera el “dirigente” de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas. El fiscal entiende que De Miguel “aprovechó sus responsabilidades políticas” para impulsar esta presunta red de corrupción. El Ministerio Público implica en esta causa a 24 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que habría operado entre 2005 y 2009.

Los procesados dispondrán de varias semanas para presentar sus escritos de defensa, por lo que previsiblemente será a la vuelta de vacaciones cuando la Audiencia Provincial de Araba decidirá la fecha en que arrancará el juicio. Algunas fuentes sitúan esa fecha a finales de este año o comienzos del próximo.

Según el relato del fiscal, la red fue “ideada” por De Miguel, quien habría creado “un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo” para lograr sus objetivos. El plan, según explica el escrito Ministerio Público, “fue acordado” por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, De Miguel “aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV”, utilizó este entramado “para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas”. La red se dedicaba, presuntamente, a “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de administraciones o entes públicos gobernados por el PNV”.

En su auto, la magistrada rebaja la cuantía de las fianzas solicitadas. En el caso de Alfredo de Miguel, le requiere el pago cautelar de 16,5 millones de euros, mientras que la suma exigida a Telleria es de 879.000 euros y a Ochandiano, de 588.000 euros. El escrito da por “apartada” del procedimiento a la Diputación Foral de Araba. El Gobierno Vasco se mantiene como “actor civil” en la causa.

La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en esta causa se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias.

En esta causa, iniciada en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria a la que se habría solicitado el pago de comisiones ilegales para acceder a contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano, están acusadas 24 personas, entre responsables de la presunta trama, intermediarios y empresarios. - E. P.