palma - Manos Limpias sigue creyendo en la culpabilidad de la infanta Cristina. La abogada del sindicato ultra, Virginia López Negrete, arremetió ayer nuevamente contra ella al considerarle beneficiaria consciente de Aizoon, la empresa de la que era copropietaria junto a su marido y que sirvió para canalizar los ingresos de Urdangarin procedentes de mercantiles privadas.

Durante su informe final antes de que el juicio quede visto para sentencia, la acusación popular, que pide ocho años de prisión para la hermana rey Felipe, incidió en su “altísima preparación” como argumento para evidenciar su conocimiento sobre las presuntas actividades irregulares que se investigan en el caso Nóos. Para López Negrete, la infanta “sabía y supo muy bien lo que estaba haciendo”, lo cual sostiene su petición de cárcel por su supuesta colaboración en los dos delitos fiscales que habría cometido su esposo durante 2007 y 2008. A colación de este hecho, la letrada de la acusación popular no pasó por alto la defensa a ultranza que realizó el miércoles el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, quien cargó contra ella y el juez instructor del caso, José Castro, por basar la investigación en “conjeturas” y criminalizar todas las actividades de Cristina de Borbón. “Formada como infanta que es, el conocimiento se le presume. Y además es alta funcionaria de la tercera entidad bancaria más importante del país. No es un crimen”, manifestó la letrada.

Según el alegato final de Manos Limpias, el matrimonio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin constituyó una “caja común” en la que ella funcionaba como un “escudo fiscal” que imposibilitaba cualquier tipo de inspección, pues su nombre aparecía en primer lugar en las escrituras de la constitución de Aizoon a pesar de que su marido era el administrador. Su presencia en los papeles habría aportado al matrimonio la seguridad de que “en su afán por abusar del fisco y de su sociedad, no iban a ser investigados”. En este sentido, López Negrete acusó a ambos de utilizar la empresa para obtener beneficios fiscales y modificar su régimen económico matrimonial de separación a bienes gananciales.

VACIAMIENTO DE ARCAS Durante la sesión celebrada ayer en Palma, la quincuagésimo séptima, también se hizo público el informe de la Abogacía de Baleares. Su representante, Lluis Segura, señaló el “vaciamiento de las arcas públicas” y la “marginación absoluta de la legalidad” que se produjeron entre 2004 y 2007 tras un acuerdo alcanzado entre Urdangarin y el entonces presidente autonómico, Jaume Matas. A raíz de ese convenio, el Gobierno autonómico pagó un total de 300.000 euros por la oficina del proyecto para patrocinar un equipo ciclista, por el cual el Instituto Nóos habría recibido importantes beneficios económicos. Esta conducta habría generado “graves perjuicios” a la ciudadanía por el pago de comisiones, contratos sobrevalorados y gastos superfluos. Por ello, la Abogacía balear solicita una pena de prisión de 8 años tanto para Urdangarin como para su exsocio, Diego Torres, y otros 5 para Matas. Asimismo, les reclama que respondan conjunta y solidariamente con 2.650.566 euros, en los que se recogen también los intereses.