bilbao - El actual presidente del Superior de Justicia vasco hizo sus pinitos en política entre 1993 y 1996. Felipe González repetía en el Gobierno y nombró ministro de Justicia al juez Juan Alberto Belloch, que fichó a Juan Luis Ibarra para la secretaría del Ministerio. El magistrado vasco dejó el despacho para volver al juzgado, de donde no ha salido en los últimos veinte años. Ahora asiste con normalidad a la proliferación de jueces que en las dos últimas citas electorales han sido tentados por la política.
¿A qué atribuye esta eclosión de jueces que saltan a la política?
En todas las legislaturas de la democracia ha habido jueces ya sea en el legislativo, en el gobierno o en la administración. Nunca ha habido más de seis jueces que en una legislatura hayan dejado la judicatura para servir en el poder ejecutivo o en el legislativo. Somos 5.200 jueces y, por tanto, es un número nada significativo. Pero es verdad que siempre ha tenido una trascendencia mediática en razón de que estos jueces eran conocidos porque habían salido mucho en los medios de comunicación. No conozco ningún país en el que en el Ministerio de Justicia no haya juristas, incluidos jueces y fiscales. Esa presencia a veces se produce en la parte del Ministerio de Justicia que es administración, es decir, de director general para abajo, y a veces se produce en la parte del Ministerio que es Gobierno, esto es, secretarías de Estado y ministro.
¿Pero la novedad es que ahora parece que son llamados no para el gobierno o la administración sino para las listas electorales?
Correcto. No hay ningún problema de tipo legal para que eso sea así. El juez o la jueza, los miembros del poder judicial, tienen exactamente los mismos derechos de sufragio pasivo que los demás ciudadanos. Y cuando son elegidos representantes tienen que acomodar el resto de sus actividades a su situación que, en el caso de los jueces, es muy tajante: no pueden compatibilizar el ejercicio de la judicatura con su representación parlamentaria o pública.
¿Qué les empuja a pasarse a la política?
Cualquiera que desempeña labores ligadas a lo público y los servicios públicos, tiene interés por lo público. Está acreditado que el juez tiene una preocupación muy grande por los asuntos de la política, lo cual le honra. Hay un componente de politicidad, que no politización, inherente a cualquier servidor público, y también al juez
¿Hay una pulsión o vis política en el juez?
Hay un interés por lo público. El compromiso del juez es obtener la justicia mediante la aplicación del ordenamiento jurídico. La justicia como valor es de una tremenda politicidad, es imposible desvincular la una de la otra. No concibo un juez que intente satisfacer el valor de la justicia que no responda al perfil aristotélico del animal político. Que al juez le llame la atención lo político e intente contribuir con lo político es inherente al Derecho. Ya sabemos que el juez vota, que el juez tiene interés por lo político, pero algunos piden que lo oculte todo lo que pueda. Es pura hipocresía.
Es una manera más de ver la cuestión.
Creo que el acto de juzgar es un acto humano y cuando uno se emplea en un oficio que es humano no tiene que ocultar parte de su personalidad. Otra cosa es que, al no ocultar esa parte de su personalidad, el juez tiene que tener un método para supeditar esa parte de su personalidad a dos principios que son fundamentales: el de la independencia y el de la imparcialidad. El problema patológico será cuando ese juez no sea capaz de actuar de manera independiente respecto a presiones sociales, económicas o políticas; o que no sea capaz de mantenerse neutral en relación con las partes. Esto es patología que en su nivel máximo sería prevaricación y en otro nivel tiene que ver con la ética judicial.
Hay quien habla de puertas giratorias de los jueces e incluso pide una regularización del regreso de los jueces de la política al juzgado.
No me parece bien, no es el camino. La regulación actual es suficiente para que el juez que ha estado en el ejecutivo o en el legislativo y vuelve a la judicatura no afecte con su parcialidad a los casos que va a tener que enjuiciar. Hay mecanismos legales suficientes para ello, como son la abstención y la recusación. La fórmula de decir que quien da el salto a la política entonces no puede regresar hasta transcurridos cinco años ya fue empleada antaño y las Cortes lo derogaron. Sería bueno saber lo que piensa la sociedad sobre esto y creo que, si se le preguntara más matizadamente, nos diría que determinadas formas de ejercicio de la actividad política de un juez fuera de la judicatura comprometen la imagen de imparcialidad de la justicia.
En su caso, ¿qué le llevó a la política o al gobierno?
Creía que podía colaborar en un proyecto que nuestro equipo lo definía con el lema ‘la justicia tiene solución’. Nombraron ministro de Justicia al juez Belloch y me llamó para hacer realidad ese lema dentro de un equipo en el que nos implicamos en la modernización de la justicia. Yo me comprometí en esas coordenadas, por eso cuando concluyó la legislatura regresé a la judicatura. Fue una experiencia muy interesante. Tan interesante que llegué a la conclusión de que estaba deseando volver a la judicatura. Al ver lo difícil que es solucionar desde un Ministerio los problemas de la justicia, yo ya no tenía mayor interés en seguir intentándolo.
La erótica del poder no le engatusó.
No, aprendí a respetar y admirar el trabajo de los políticos. Yo carezco de las dotes que el ejercicio de la política con mayúsculas precisa, no tengo un perfil de político profesional. El político que desarrolla su trabajo profesionalmente está constantemente trabajando para evitar la confrontación, en definitiva es quien nos salva de los riesgos del enfrentamiento entre grupos, partidos...
¿Cómo fue el camino de vuelta? ¿Tuvo reproches o recusaciones?
No tuve a nadie que me recusara en ningún caso en concreto porque yo estaba en la jurisdicción contencioso-administrativa. Sí tuve algunos reproches pero en la casa, de algún colega. Fue una legislatura en la que se produjo una crisis por la eclosión de la corrupción, sobre todo a partir del caso Roldán, lo que provocó la fusión del Ministerio de Justicia y el de Interior y en consecuencia el nivel de exposición pública fue muy grande. Yo fui a Madrid sin escolta y volví escoltado y en coche blindado por la amenaza de ETA en razón de mi actuación en materia de prevención de la tortura. No fue una vuelta difícil pero hubo alguna dificultad precisamente por esa sobreexposición.
Un consejo a quien vaya a dar el paso.
Cuando un juez deja de serlo y pasa a ser representante de la voluntad popular tiene que ser mucho más restringido que otra persona que no piense volver a la judicatura. Esa es la clave para que cuando ese juez o jueza vuelva a la judicatura no tenga grandes problemas. Si olvida este principio y hace un ejercicio legítimo pero exagerado en su relación con sus contrincantes, tendrá más dificultades. Si utiliza un discurso del enemigo, lógicamente le pasara factura cuando vuelva a la judicatura.