El día que no sea necesario escribir un artículo como éste habrán ocurrido varias cosas y todas buenas. Porque en origen, no habría motivo para que nadie pusiera una denuncia por torturas. Eso significaría que los cuerpos policiales estarían libres de cualquier sospecha por su exquisito celo en el cumplimiento de los derechos humanos.
Pero supongamos que eso no ocurra y que estemos lejos de ese ideal estado de las cosas. Pues bien, si no hubiera motivos aún para seguir escribiendo significaría que si alguien pusiera una denuncia por malos tratos el Estado español hubiera respondido como se le supone a una democracia: investigando.
Pero como la sospecha existe, pues hay que seguir insistiendo. Todas las veces que sean necesarias. De momento ocho veces (y no dos como leí ayer mismo en la prensa digital de los periódicos de mayor tirada española) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condenado al Estado español por no investigar la denuncia de un detenido que más tarde denunció ante el juez haber sufrido torturas.
El caso de Xabier Beortegi es de manual. Detenido por la Guardia Civil acusado de integrar Ekin, conducido a dependencias de este cuerpo en Madrid, firma una declaración declarándose culpable y cuando es conducido ante el juez se desdice y denuncia que ha sido golpeado y vejado durante su traslado. Es puesto en libertad sin cargos e inicia un peregrinaje por tribunales españoles para denunciar las supuestas torturas. Cinco años después, un tribunal europeo falla que debe ser indemnizado por el Estado. No porque las torturas hayan existido; sencillamente España no quiso investigarlas.
Es tal la obstinación de España en echar tierra sobre las denuncias de torturas que lo más razonable es pensar que existen. De lo contrario, es absurdo que una y otra vez tengamos que pagar (a escote, porque esto no nos sale gratis) la correspondiente multa. Un caso podría ser catalogado como negligencia, dos de incapacidad manifiesta y ocho, sencillamente, de escándalo propio de dictadura bananera.
Claro que éste sigue siendo un Estado donde pasan cosas surrealistas. España es un lugar donde se persigue más los casos de denuncia de la tortura que la propia tortura. La lista de torturadores condenados no son demasiados porque ya vemos que está claro que España prefiere pagar multas a investigar, está plagada de indultos y beneficios penitenciarios inaccesibles para los demás.
Sin embargo, ni se le ocurra a usted escribir tortura en una pared. Peor si la tacha. Hoy, por octava vez, creo que en España se tortura y se ampara esa práctica. Y si no fuera por la Unión Europea nos saltaban los dientes de un culatazo.
