Los tres territorios de Euskadi norte continúan inmersos en un intenso debate que desembocará en enero en la creación de una Mancomunidad única que agrupará por primera vez Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa. Las votaciones vinculantes sobre el plan propuesto por el Gobierno francés terminarán a finales de mayo, por lo que quedan pocos días para conocer el número de ayuntamientos que apostarán finalmente por la unidad de las actuales diez mancomunidades de Iparralde. La nueva entidad será la primera institución vasca dentro de la República francesa. Entre las 158 localidades, 107 han votado ya a favor, entre ellas las tres capitales historicas, Baiona, Donibane Garazi y Maule, mientras otras 39 han rechazado la oferta parisina. Un 66% de los municipios, que representan a algo más de 62% de la población, apoyan la unión.
Francia pusó como condición para la Mancomunidad única que la mitad de las localidades apuesten por el cambio y que representen, al mismo tiempo, a la mitad de la población. En la primera consulta del pasado otoño, 112 corporaciones municipales se posicionaron a favor mientras que otras 44 se inclinaron por el no. Entre las dos vueltas, varias corporaciones han cambiado de postura por lo que partidarios y opositores se preguntan cuál será el resultado final de un proceso que ha provocado un debate que está alcanzando una intensidad poco habitual al norte del Bidasoa. La nueva entidad contará con un presupuesto de cien millones de euros para gestionar cuestiones como el desarrollo económico, los transportes, el medio ambiente y la cultura.
La reivindicación de crear una institución propia en Iparralde es una cuestión recurrente desde hace tiempo. La primera petición surgió en plena revolución francesa, durante la creación del departamento de Pirineos Atlánticos, cuya capital se fijó en Pau, fuera del País Vasco continental. Las tres provincias vascas se unieron a la fuerza con la vecina región del Bearn. Durante más de dos siglos, Francia ha rechazado crear un Departamento vasco o una Colectividad territorial especifica. Sin embargo, con motivo de la última reorganización territorial, el Gobierno francés planteó hace dos años crear una Mancomunidad única. El primer ministro Manuel Valls y el ministro del Interior Bernard Cazenave han explicado que se trata de la única propuesta posible y que Francia no irá más allá.
El ámbito económico, con la Cámara de Comercio e Industria de Baiona a la cabeza, apoya el proyecto de la Mancomunidad única. Los consejos de Electos y de Desarrollo, y la Cámara de Agricultura también apuestan por esta vía. Desde la plataforma Batera, que reclama desde su fundación más descentralización, subrayan que Iparralde celebra un debate de gran calado. Destacan que cientos de cargos electos han participado en decenas de reuniones para fijar las características y las competencias de la nueva institución. Batera se congratula de que “tras dos siglos, Iparralde pase por fin de las palabras a los hechos”. La plataforma ciudadana recuerda que comienza ahora una fase de transición para poner en marcha la nueva entidad, al tiempo que muestra su deseo de que desaparezcan las presiones por parte de los sectores hostiles al cambio. Varios alcaldes, que dicen temer una subida de impuestos con el nuevo escenario, han presentado un recurso jerarquico ante el ministro del Interior. A pesar de la voluntad expresada por la mayoría, los primeros ediles de Lukuze y Armendaritze no aceptan el ámbito territorial de la nueva institución y plantean la creación de varias mancomunidades, algunas en las zonas urbanas de la costa labortana y otras en las zonas rurales y menos pobladas del interior de Iparralde. Otros alcaldes podrían haber firmado el recurso aunque descartan hacer público su posición.
Pese a que una Mancomunidad única no equivale a un Departamento, una región o un estatuto de autonomía, algunos detractores no dudan en comparar el proceso con el primer paso para crear un estado vasco. El debate, que ha provocado tensiones y fracturas inéditas, ha estado marcado por las presiones ejercidas por algunos opositores. En varias localidades pequeñas, los alcaldes han preferido votar en secreto y no han dado a conocer fuera de su municipio la fecha de los plenos extraordinarios.
