Palma - El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, quien durante más de cinco años instruyó el caso Nóos, ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que relata que uno de los abogados de la infanta Cristina, Miquel Roca, le propuso una reunión “clandestina” en los días previos a que decidiera si por segunda vez acordaba la citación como imputada de la hermana del rey Felipe VI. La misiva ha sido incorporada a la causa en la que Pedraz investiga delitos de extorsión, amenazas, estafa y pertenencia a organización criminal, entre otros, cometidos desde Ausbanc y Manos Limpias, hasta ahora acusación popular en Nóos.
Así, Castro ha decidido revelar ahora estos hechos porque, tras “conocer a través de los medios que Manos Limpias había al parecer intentado sin éxito extorsionar al equipo de letrados que asistía a doña Cristina de Borbón para, a cambio de dinero, retirar la acusación contra ella, no pude evitar que, al tiempo que ese supuesto proceder me genera una gran vergüenza, me asaltara también la duda de si no se le habría hecho a la acusación popular ejercida por Manos Limpias un ofrecimiento similar al mío” y que, al contrario que en su caso, “aquél sí llegara a ser aceptado”.
En el documento, suscrito ante notario, José Castro señala que fue otro de los letrados de la exduquesa de Palma, Jaime Riutord, quien acudió a su despacho a principios de diciembre de 2013 para trasladarle las pretensiones de Roca. El juez Pedraz baraja ahora citar a declarar a Riutord para que aclare qué pretendía su bufete con esta propuesta de encuentro.
Castro subraya que “lo que me llamó la atención no fue la pretensión en sí, puesto que la puerta de mi despacho siempre ha estado abierta para cuantos letrados han querido acceder a él sin necesidad de pedir cita previa, sino el hecho de que mi interlocutor enfatizara las condiciones en que esa reunión debía celebrarse”. Efectivamente, señala, el lugar que le fue propuesto “sería una finca, que mi interlocutor no sabía en ese momento si estaría ubicada en Barcelona o en Mallorca (...), garantizándome insistentemente que estaría al abrigo de periodistas y fotógrafos, asegurándome la más completa intimidad”.
Según el escrito de seis páginas, el magistrado no preguntó a Riutord “cuál sería el orden del día de tal reunión porque era obvio que el señor Roca y yo no teníamos más tema en común que el de doña Cristina de Borbón”. La respuesta del instructor del caso Nóos, recuerda, fue que “sería la primera vez que yo me negara a recibir a un letrado que interviene en una causa, pero que la reunión debería tener lugar necesariamente en mi despacho”. El abogado le dijo que se lo comunicaría a Roca, pero “pasaron los días” y “nunca más se supo ni yo me interesé” por la posible respuesta.
“No me incumbe hacer valoraciones sobre la trascendencia penal de los hechos que relato y me limito solo a cumplir con el deber de todo ciudadano de ponerlos en conocimiento del órgano instructor para que sea éste quien las haga”, asevera. Dos semanas después de esa petición de reunión con la defensa, el juez acordó la citación como encausada de la exduquesa, quien acudió a declarar el 8 de febrero de 2014 a los Juzgados de Palma.
Testigo voluntario El juez Castro prosigue en su escrito que, “de cara al exterior, yo no puedo ni debo adivinar qué proposiciones se me hubieran podido ofrecer de haber concurrido a esa pretendida reunión altamente secreta”. Agrega que “adivinanzas aparte, lo indudablemente cierto es que las cuestiones que en esa clandestina reunión se hubieran podido tratar conmigo al parecer debieron resultar totalmente incompatibles con hacerlas en un ámbito normalizado como el de mi despacho oficial”, sostiene.
Según la misiva, que Santiago Pedraz ha incorporado en la causa contra Manos Limpias y Ausbanc y de la que ha dado traslado al fiscal Daniel Campos, Castro relata que el pasado 22 de abril puso estos hechos en conocimiento del decano de los juzgados de Palma, Francisco Martínez Espinosa, así como la posibilidad de ofrecerse como testigo en el proceso judicial que se sigue en la Audiencia Nacional. - E.P./Efe