donostia - “Solo entre 2008 y 2010 en los procedimientos que se han llevado a cabo en la Audiencia Nacional por actividad única y exclusivamente política han sido dos centenares largos de personas las que han tenido las comunicaciones intervenidas”. Se trata de un dato en los que apenas se repara, pero que la abogada Amaia Izko explicó ayer antes de detallar que dichas intervenciones “se prolongan de media un año o año y medio”.

“En muchos casos también se ha accedido a toda su información bancaria, financiera, en qué gasta, cuántos préstamos tiene...”, prosiguió la portavoz de Sortu en una jornada sobre macrosumarios que se celebró en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU de Donostia. Junto a él comparecieron el letrado Iñigo Iruin y el profesor universitario e imputado en el sumario 8/2013 Eneko Compains.

Durante el periodo al que se refirió Izko, en el que se intervinieron las comunicaciones de “dos centenares largos” de personas , “120 terminaron imputadas; y las condenadas, como en el sumario de Segura o Segi, a condenas que no superan los dos años. Estos datos ponen de manera muy gráfica la realidad de afectación ilegítima de los derechos fundamentales”.

Izko, que también está imputada en el que Iruin esperó sea el último macrosumario -que afecta a 46 personas que desarrollan su labor como abogados de presos y pertenecen a asociaciones como Herrira y Jaiki Hadi-, consideró que estos datos “dicen mucho del uso, abuso y falta de control de estas intervenciones”.

La abogada, que denunció cómo en el sumario 8/2013 que desgranó el médico forense entregó “mañana y tarde tras ver a los detenidos (incomunicados), al juez Fernando Grande-Marlaska un papel con lo que decían los detenidos sobre los malos tratos y las torturas” sin que el magistrado atendiera a las denuncias, señaló que los permisos que dan los jueces de instrucción para trámites como la intervención de las comunicaciones o las órdenes de entrada en domicilios “son estereotipados. Cambian el número del procedimiento, los nombres y copian lo demás”, sin especificar las razones de cada caso.

Iruin, por su parte, explicó las características de un macrosumario político, así como la historia, que desarrolló desde el momento en el que los dirigentes españoles dejaron de tomar a ETA como una organización y la consideraron un entramado dentro del cual situaron a agentes diversos, como ocurrió en el sumario 18/98.

La charla de ayer se enmarca en la dinámica de apoyo a nueve encausados por presunta pertenencia a Ekin (Urko Aierbe, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Rosa Iriarte, Joxe Aldasoro, Aniaitz Ariznabarreta, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran y Egoitz Garmendia), que se enfrentarán a partir del día 17 a penas de entre 9 y 15 años de prisión. - J. Arretxe