madrid - No pasaron ni doce horas de la reunión de sus vicepresidentes que escenificaba el deshielo entre los Ejecutivos de Mariano Rajoy y Carles Puigdemont y Moncloa lanzó ayer un nuevo misil a la línea de flotación del autogobierno de Catalunya. El Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional a la ley catalana contra la pobreza energética. Nace así el enésimo conflicto competencial entre ambos, un fuego que el Gobierno prendió dejando de lado los criterios políticos para basarse en argumentos “estrictamente” jurídicos y procesales.

La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada de explicar un recurso que, en todo caso, se enclava en la defensa de las competencias que asisten al Gobierno español y la defensa de la igualdad de los españoles. “No podemos aplicar un criterio político y no jurídico a estos asuntos”, sentenció la número dos de Moncloa, que esta semana ha mantenido un encuentro con su homólogo catalán para suavizar las fricciones que vienen manteniendo. Con éxito en algún caso, ya que hace escasos días se cerraron cinco acuerdos para evitar que tres leyes terminaran en el Constitucional. No será en el caso de la norma contra la pobreza energética. Sin valoraciones políticas pero entrando de lleno contra “aspectos procesales” como el procedimiento de mediación que recoge la ley, y “aspectos civiles” que afectan al derecho a la propiedad, “que tiene que ser igual para todos los españoles”, Madrid ha echado freno a su tramitación aunque solo en algunos artículos que consideran que exceden las competencias de la Generalitat.

Más vehemente fue el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quién tildó de “asombroso” que diversos sectores cuestionen la decisión. “¿Qué me están diciendo? ¿Que prevariquemos respecto de lo que dicen y advierten los servicios (jurídicos y del Consejo de Estado)?”, se cuestionó. Lejos de ello, el Consejo de Ministros también acordó presentar otro recurso contra determinados preceptos de la ley de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad catalana. La respuesta del Govern no se hizo esperar. “Decisión política” que muestra la nula voluntad de acuerdo, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, apuntó que el Ejecutivo del PP “ha querido dejar a la intemperie a muchas familias vulnerables”. “Que no hagan ver que han medio abierto la puerta porque la han cerrado del todo”, citó. Puigdemont convocará en breve a la comisión promotora y los grupos parlamentarios que impulsaron la ley -se aprobó por unanimidad- para consensuar una reacción.