madrid - La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa a la diputada de Podemos y juez en excedencia Victoria Rosell por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia al admitir parte de la querella interpuesta contra ella por el exministro de Industria José Manuel Soria por irregulares en su forma de instruir el procedimiento abierto en las Palmas de Gran Canaria contra un empresario. El Supremo no ha admitido la querella en relación con otros dos delitos por los que acusaba inicialmente Soria, que eran los de injurias y calumnias.
El alto tribunal podría citar a la diputada para que, si lo decide de forma voluntaria, comparezca ante el Supremo como investigada para tener la oportunidad de explicarse antes de que el instructor, el magistrado Juan Ramón Verdugo, proponga pedir el suplicatorio para actuar contra ella o archivar el asunto. Rosell forma parte de la Diputación Permanente del Congreso, como vocal suplente, con lo que conservará su aforamiento ante el alto tribunal incluso si se disuelven las Cortes el próximo 2 de mayo.
La decisión se adopta en contra del criterio de la Fiscalía y apenas unos días después de que se recibiera un demoledor informe contra la diputada de Podemos por parte del juez que la sustituye en el Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, Salvador Alba, quien ve graves irregularidades en la forma en la que investigó una causa contra el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
retraso En dicho informe, el juez Alba da cuenta del retraso “evidente e inexplicable” sufrido por una investigación que ésta inició contra Ramírez, a pesar de contar con juez de apoyo en esos momentos. El escrito respondía una petición que le realizó el TS para que informara sobre las “vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso” contra Ramírez.
En dicho informe, el sustituto de Rosell concluye que “NO -las mayúsculas son del propio juez- ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal, de práctica de diligencias de instrucción durante más de un año, y si se ha de destacar alguna incidencia es la de la existencia de dos jueces de instrucción durante la tramitación de gran parte de este procedimiento lo que hace difícilmente explicable su duración”.
La prevaricación será investigada por el Supremo desde la perspectiva de si esa demora en la investigación “estuvo relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales entre D. Carlos Sosa- persona con la que Sra. Rosell convive y mantiene una relación afectiva- y el imputado en aquellas diligencias, D. Miguel Ángel Ramírez”.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, expresó ayer todo su apoyo a Rosell, al asegurar que “su comportamiento ha sido siempre honesto y ajustado a derecho”. - Efe/E.P.
