Vitoria - La incertidumbre política en Madrid ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre la fecha de celebración de las elecciones vascas. Los comicios deberían celebrarse en octubre, pero no se ha descartado que se adelanten al 26 de junio para hacerlos coincidir con la repetición de las elecciones generales. No obstante, cada vez se acumulan mayores indicios que apuntan a que la cita con las urnas tendrá lugar cuando toca, es decir, en octubre, su fecha natural. Si el lehendakari Urkullu quisiera adelantar la convocatoria y hacer coincidir las elecciones vascas con las generales, el decreto debería publicarse en el boletín oficial al mismo tiempo que el español, es decir, el próximo martes 3 de mayo. A una semana de ese hito clave, lejos de realizar algún movimiento que sugiera ese adelanto, su gabinete ha aprobado en Consejo de Gobierno dos anteproyectos de ley para remitirlos al Parlamento. Un trámite que no tendría demasiado sentido si no es porque pretende completar su mandato, dar margen a que se debatan esos proyectos, y celebrar las elecciones en octubre.

En concreto, ayer se aprobaron los anteproyectos de Ley de Policía y Ley de Reconocimiento de Víctimas Causadas en Contextos de Represión Ilícita entre 1978 y 1999, la segunda parte del decreto de abusos policiales que cubrirá la reparación a esas víctimas ya en democracia. La semana pasada se aprobó otro anteproyecto, el de Patrimonio Cultural. Los acontemientos casan con el mensaje del lehendakari, quien durante el acto de balance de cumplimiento del programa vino a insinuar que la legislatura sigue porque aún queda trabajo por hacer. Además, hacer coincidir ambas convocatorias electorales podría perjudicar y eclipsar la campaña vasca. En cualquier caso, desde el Gobierno Vasco no sueltan prenda. La potestad de convocar elecciones es del lehendakari, que lo consultará con la ejecutiva del PNV, y nadie salvo él mismo sabe a ciencia cierta qué sucederá. No obstante, en varios círculos apuntan de manera extraoficial a que no habrá adelanto, y con esa hipótesis trabajan también en privado algunos de los principales partidos vascos. No se espera que Urkullu salga a la palestra para anunciar de manera solemne que no habrá elecciones, sino que, simplemente, dejaría correr la semana y el plazo límite del 3 de mayo sin realizar ningún movimiento y sin haber firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria de los comicios, lo que de manera tácita significaría que no hay adelanto. En las últimas jornadas, voces del PNV y del propio Gobierno Vasco habían apuntado los inconvenientes de hacer coincidir los dos comicios porque la campaña vasca tendría todas las de perder y acabaría sepultada entre los debates televisivos de los candidatos a la presidencia española y sus intervenciones en programas de entretenimiento. Además, el lehendakari no tendría problemas para completar su mandato, ya que tiene los Presupuestos aprobados, y cuenta con un pacto con los socialistas que cubre las áreas básicas y con mayor incidencia en la gestión del día a día, como el empleo y las políticas públicas.

plazos Ayer se aprobaron dos anteproyectos como paso previo a su envío al Parlamento y con vocación de que sean debatidos, aunque está por ver si hay margen para que pueda culminar la tramitación y las leyes logren el aval de los partidos para entrar en vigor. Cabe recordar que el Parlamento no funciona en julio y agosto, aunque podrían habilitarse algunos días para trabajar leyes concretas. Poco más podría estar operativo, ya que debe disolverse 54 días antes de las elecciones de octubre. Como mucho, la fecha de los comicios podría estirarse hasta el 20 de noviembre, aunque la vocación del lehendakari pasaría por celebrarlas en octubre.

Durante todas estas semanas se han estado analizando también argumentos a favor del adelanto. Pueden resumirse en dos: el hartazgo de la ciudadanía vasca y la conveniencia de fusionar las elecciones para amortiguar la abstención; y hacer coincidir las convocatorias para que los próximos meses de legislatura vasca no sean una travesía en el desierto sin avances ni leyes aprobadas porque toda la atención estuviera centrada en la política estatal y el ambiente de precampaña elevara la crispación entre partidos.