BILBAO - La Ley Municipal vasca, que aclara las competencias de los ayuntamientos y trata de brindarles la financiación suficiente para llevar a cabo esas actuaciones, ya está en vigor. Sin embargo, para que funcione correctamente, los ayuntamientos, las diputaciones, el Gobierno Vasco y los partidos deben actuar todos a una desde la lealtad institucional para que los mecanismos de coordinación funcionen correctamente. La norma prevé la entrada con voz y voto de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas donde se decide el reparto de la recaudación de impuestos, y también se fijan mecanismos para coordinar políticas públicas. El lehendakari pidió ayer “lealtad institucional” para desarrollar “un trabajo conjunto e intenso”, con objeto de que “los instrumentos de cooperación, coordinación y decisión” que prevé la nueva Ley Municipal “den sus frutos”. Iñigo Urkullu se expresó en esa clave en la jornada Presentación de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, donde puso en valor una norma que “no se ha hecho eco del constreñimiento y reducción del ámbito competencial pretendido” por la reforma local de Mariano Rajoy.

En su intervención, Urkullu aseguró que la ley “representa un gran avance para el municipio y el municipalismo vasco” y, por ello, reclamó “lealtad institucional para desarrollar un trabajo conjunto, intenso”, porque “ahora queda desarrollar la ley, queda un trabajo constante, que corresponde a todos los niveles institucionales, especialmente al nivel local”. La ley obtuvo el apoyo del PNV y la izquierda abertzale, que gestionan la gran mayoría de los ayuntamientos, pero suscitó el rechazo de PSE y PP en el Parlamento Vasco.

Urkullu recordó que la norma “se configura como una pieza esencial que forma parte integrante del núcleo duro del sistema institucional vasco y que ha de ser considerada como una ley que, junto con la Ley de Territorios Históricos, cierra el proceso de institucionalización interna de Euskadi”. Explicó también que la norma prevé “la inserción del municipio en la estructura jurídico-institucional del autogobierno, a través de las funciones que se le atribuyen en el Consejo de Políticas Públicas Locales, la Comisión de Gobierno Locales y el Consejo de Finanzas Públicas”. - DNA