madrid - Amnistía Internacional (AI) planteará al nuevo Gobierno español que se suavice una legislación antiterrorista “cada vez más dura y ambigua, siguiendo tendencias francesas, que lleva a que unos titiriteros puedan ser encarcelados o que unas personas que hacen una pintada (en Nafarroa, con la palabra tortura) puedan ser detenidas en su casa sin orden judicial”.

La organización también quiere revertir el “retroceso” en el ejercicio de la libertad de expresión y reunión que ha supuesto la reforma del Código Penal (la ley Mordaza), “que fortalece el papel de la policía, disminuye el control de los jueces y hace cada vez más difícil que se informe de manifestaciones”. Asimismo planteará al Ejecutivo español - y también al Gobierno Vasco- que surja tras las elecciones autonómicas que la “verdad, justicia y reparación sean la hoja de ruta de los derechos humanos, lo que no ha sido todavía” tras el final del terrorismo de ETA, según su director en el Estado español, Esteban Beltrán.

La organización humanitaria ha celebrado el pasado fin de semana en Bilbao su asamblea general de España, en la que han participado más de 350 personas entre socios y activistas. Beltrán, que lleva 17 años al frente de la organización, explicó que tras las elecciones autonómicas vascas, previstas para el otoño, plantearán al nuevo Ejecutivo vasco -y al nuevo español-, una agenda de derechos humanos. “ETA dejó de matar; eso significa que más de 3.600 personas que llevaban escolta ya no tienen que mirar por encima del hombro con temor a ser asesinadas, pero también quedan sin resolver asesinatos de víctimas de ETA y otra asignatura, que son las violaciones de derechos humanos que se cometieron por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló y añadió que cree necesario que también en Euskadi “haya verdad, justicia y reparación y que se afronte el futuro con ello”.

AI también tiene una agenda de derechos humanos para todo el Estado que planteará al nuevo Gobierno español que surja tras las previsibles nuevas elecciones, para que sea una prioridad. Su objetivo es “desandar algunas cosas que se ha llevado la crisis”, como que se refleje legislativamente el derecho a tener una vivienda digna, porque en los nueve primeros meses del 2015 ha habido 52.000 desahucios en España. - Efe