gasteiz - PNV y PP no terminan de enderezar su relación. Además de los conflictos competenciales que enfrentan a Urkullu y Rajoy, los jeltzales perciben una intención clara de extender la mancha de la corrupción sobre el PNV para diluir los casos que afectarían al PP. La polémica comenzó cuando los populares sembraron la sospecha sobre la financiación de los batzokis, y está alcanzando nuevas cotas por el conflicto de los comedores, la concertación de precios dentro de ese sector para saltarse la libre competencia y asegurarse la adjudicación de contratos. El PP ve una mano negra y quiere aclarar si hubo connivencia por parte del Gobierno Vasco. Ha equiparado el caso a la trama de los ERE en Andalucía o a la investigación contra los Pujol en Catalunya, y ayer sacó a colación la detención del alcalde de Granada, del PP, por una presunta trama de corrupción urbanística. El PNV puso pie en pared para pedirle que no embarre la política vasca. El cruce de reproches se produjo en el Parlamento Vasco, que rechazó con los votos de PNV y PSE abrir una comisión de investigación sobre el caso de los comedores escolares, sobre todo con el argumento de que las elecciones están a la vuelta de la esquina y poco podría investigar ya ese foro, que podría no tener otra finalidad que desgastar al PNV.
La petición partía de PP y UPyD, fue apoyada por EH Bildu, y pretendía aclarar las posibles “responsabilidades políticas” en la adjudicación del servicio en los colegios públicos de Euskadi. La Autoridad Vasca de la Competencia impuso una multa de 18 millones a varias empresas por repartirse el mercado durante diez ejercicios hasta 2014. El parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña interpretó que el PP alberga “motivos electoralistas” para que “se le dé una plataforma para extender su propia porquería y ensuciar la política vasca poniéndola al mismo nivel de corrupción que la política española”. Iñaki Oyarzábal (PP) aludió a la forma de actuar en Granada, donde “entraron en la casa del alcalde con cascos, ametralladoras, escudos a registrar su piso porque hay una denuncia de que hace no sé cuántos años se dio una licencia para una discoteca”, mientras que en Euskadi “se ha estado beneficiando a unas empresas con más de 200 millones”.