Ados semanas -o menos, dependiendo de lo que los sondeos internos de los partidos digan la próxima semana- de que se aclare definitivamente el panorama sobre el gobierno o las elecciones en España, se han puesto de repentina actualidad las autonómicas vascas. En las últimas semanas, el lehendakari ha ido dibujando sucesivamente todos los posibles escenarios del final de legislatura con días, casi horas, de diferencia entre sí.

Sobre el papel, tres escenarios posibles se han venido definiendo. El primero es el mantenimiento de la legislatura activa hasta octubre próximo, que es cuando vence legalmente el plazo. Lo apoyaba implícitamente Iñigo Urkullu el miércoles ante su equipo al valorar los mil días de gestión y sostenía que la legislatura no está agotada y aún queda trabajo.

Parecía responder a la expectativa latente desde febrero pasado, en un acto de Euskotren, cuando por primera vez el propio lehendakari verbalizaba a preguntas de algún medio de comunicación la posibilidad de que las elecciones se adelantaran a la primavera, en función de “las circunstancias”. Ahí estaba el segundo escenario que, quien más, quien menos, atribuyó a un adelanto si se formaba gobierno en Madrid y quedaba libre el mes de junio para una convocatoria sólo en Euskadi.

Pero no habían pasado 24 horas de ese mensaje cuando Urkullu reflexionó en voz alta ante un micrófono sobre la eventualidad de hacer coincidir la cita con las urnas vascas con la cada vez más posible convocatoria de unas generales el 26 de junio. Así, de un escenario a cara o cruz en el que el adelanto de las autonómicas vascas podría depender de que haya no haya generales, se vuelve a otro abierto en el que todo es posible, pues todo está sobre la mesa. Incluso no tirar la moneda al aire y dejar que la legislatura se agote.

Agotar la legislatura

En contra de esta posibilidad podría jugar el hecho de que los partidos ya han dado por amortizada la actividad legislativa. El trabajo que queda por hacer al que aludía el lehendakari esta semana estaría, en todo caso, en manos de su gabinete. Pero, con la ponencia de autogobierno haciendo tope con el calendario, la de paz y convivencia durmiendo el sueño de los justos y la prioridad preelectoral de los partidos en los procesos internos de definición de sus candidatos, los próximos meses no parecen propicios para esperar encuentros políticos que den lugar a iniciativas de calado. No son previsibles nuevos consensos que no se hayan materializado ya.

En todo caso, agotar la legislatura permite dejar al próximo gobierno un escenario económico más despejado en cuanto a la evolución de la recaudación, que no es debate menor tras los sustos experimentados en el pasado. Las elecciones en octubre aún darían margen para que el Consejo Vasco de Finanzas defina las disponibilidades financieras reales con tres trimestres ya materializados y el desarrollo de un año especialmente complicado, por la exigente enésima reducción del déficit a cero que pende sobre las administraciones. El gabinete salido de esas urnas aún podría diseñar y tratar de aprobar unos presupuestos acordes a la realidad que se viva en el último trimestre del año y conociendo las previsiones más seriamente definidas para el próximo.

El adelanto en solitario

Pero pongamos el caso de que todo se precipita en Madrid y el vértigo a unas nuevas elecciones puede más que los abismos programáticos que separan a los partidos. Aunque hoy suene a ciencia ficción, si la expectativa electoral de algunos o de todos se complica podríamos hallar extraños escenarios como los ya vividos in extremis en Catalunya o Valencia. Llegado el caso, con cualquier combinación: desde la gran coalición -PP/PSOE/Ciudadanos- a la pequeña -PP/Ciudadanos con la abstención de un PSOE acogotado- pasando por la apuesta de izquierda -PSOE/Podemos y los minoritarios- si a Pedro Sánchez le va su todo político en ello. Siempre es más factible contener un juicio sumarísimo en su propio partido cuando se gobierna que cuando se ha fracasado en el intento.

Aquí se antoja que una maniobra táctica de adelanto electoral en un momento en el que solo PNV y PSE tienen sus candidatos definidos aparentaría el descoloque del resto. Para ello habría que suponer que a la izquierda abertzale no le dé tiempo de recomponer filas en la fase final del proceso Abian, lo que es mucho suponer cuando la votación final del documento estratégico está prevista para el próximo sábado día 26. O que el previsible candidato Arnaldo Otegi precise de tiempo para darse a conocer. Que tampoco parece condición sine qua non.

Otro tanto se puede decir del PP. Alfonso Alonso es un candidato virtual que ha tenido suficiente escaparate público en el pasado y en el presente, desde el Ayuntamiento de Gasteiz a la portavocía del Congreso y el Ministerio de Sanidad, como para necesitar más carta de presentación tras desautorizar a Arantza Quiroga y quedarse con la sucursal vasca en sus manos.

Y la experiencia electoral de las municipales y forales del pasado año sugiere que a Podemos puede no hacerle falta un candidato reconocible para suscitar el respaldo de un voto de izquierda alternativa. La franquicia debe su éxito a la marca más que a sus miembros y, de los cuatro partidos de ámbito estatal protagonistas de la actualidad en los últimos meses, es el que los votantes vascos menos castigan por sus decisiones, según el Sociómetro conocido hace unos días. De modo que la ventaja táctica puede resultar relativa.

Urnas compartidas

Por último, el 26 de junio podría llenar los colegios electorales vascos con tres urnas por mesa: Congreso, Senado y Parlamento Vasco. Este plan c tiene su análisis lógico y sus riesgos. A favor juega el hecho de que, es de suponer, el cansancio ciudadano vaya en aumento. Al fin y al cabo, de mantener la convocatoria en octubre sería la cuarta vez que los vascos acudan a las urnas en 17 meses. Por eso, la participación se puede presuponer menor en este escenario, que nunca se ha producido en el pasado.

Sin embargo, sí se ha producido una doble convocatoria en el mismo año. De hecho, 2015 y 2011 vieron dos llamadas a las urnas en el plazo de medio año. El pasado, las municipales y forales de mayo y las generales de diciembre; en 2011, las mismas citas en mayo y noviembre, respectivamente. Curiosamente, la participación no fue a la baja entre unas y otras, favorecidas por su diferente naturaleza. El pasado año, las generales registraron en la Comunidad Autónoma Vasca un 5% largo más de participación; en 2011, también fueron casi cuatro puntos más a favor de las generales unos meses después de las municipales y forales.

Así las cosas, lo que sí acreditan las elecciones generales es un crecimiento de apoyo de las candidaturas de ámbito estatal respecto de las que se presentan solo en las circunscripciones vascas. Así, PNV y EH Bildu sumaron un 56,5% del voto en mayo del pasado año pero se quedaron en el 40% en diciembre, cuando la prioridad del voto era el cambio o no del escenario político español. Es un fenómeno que ya se produjo en 2011, que podría considerarse menos animado por la ausencia de la alternativa generada en torno a Podemos, pero cuando la elección más local arrojó un 57% de respaldo a las candidaturas de PNV y Bildu y en las generales que dieron la mayoría absoluta a Rajoy su peso se redujo en un 5%.

Las circunstancias no son idénticas, pero la prioridad del debate social y mediático sí pivotará en las próximas semanas en torno a lo que se juega en Madrid. Puede resultar una exigencia excesiva pretender que al electorado vasco acuda a las urnas en junio a votar simultáneamente en clave de gobernabilidad en España y de poner en valor la agenda vasca que ha estado ausente en los últimos años.

La configuración del Parlamento de Gasteiz que salga de esa experiencia no tiene garantizado estar libre del bombardeo constante de las claves de política española que lleva recibiendo el votante vasco en los últimos y los próximos meses. Al fin y al cabo, siete de cada diez ciudadanos vascos se alimentan informativamente de la televisión como referente principal y nueve de cada diez televidentes vascos consumen de manera preferente los canales que dibujan líneas de opinión que obvian nuestra realidad más propia.

Combatir esa influencia con un enfoque hacia las prioridades y la especificidad social, económica y política vascas no es imposible, pero chocará además con la evidencia expresada en el Sociómetro más reciente del Gobierno vasco, que apunta que un 85% de los encuestados confiesa un interés en la formación de gobierno en Madrid. Y no es baladí constatar que para un 57% ese asunto suscita mucho o bastante interés.

En definitiva, saber si los movimientos para formar gobierno en Madrid serán cara o cruz es cuestión de un par de semanas. Pero, aún entonces, seguirá presente la opción de no tirar la moneda electoral vasca al aire antes del verano.