Barcelona - Lejos de calmarse, las aguas soberanistas en el Parlament de Catalunya bajan cada vez más revueltas. La moción presentada por la CUP en la que se apremia a acelerar el proceso de desanexión con el Estado español y desobedecer de este modo las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament, pero con la condición de que se modifique su contenido ante las dudas de su legalidad. La respuesta llegó ayer de forma contundente por parte de la portavoz parlamentaria de la formación anticapitalista Anna Gabriel: “Es una obligación desoír al TC”. Sin embargo, y para evitar lo que sería una ruptura total con Junts pel Sí (JxSí), Gabriel también quiso dejar claro que en la CUP no son “inmovilistas ni intransigentes” y por ello consideran que hay margen para llegar a acuerdos, aunque siguen sin entender qué es lo que pide JxSí al solicitar que se cambie la moción.

En el fondo de la cuestión subyace por un lado el ritmo que tanto JxSí y la CUP quieren imprimir al proceso de desconexión con el Estado español y, por otro, la respuesta que en diversos municipios está dando una y otra formación a las directrices emanadas desde el Tribunal Constitucional. Desde la CUP, Gabriel inistió ayer en que el mandato que se desprende de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2104 y de los resultados obtenidos el 27-S implica, sí o sí, desobedecer la resolución del TC. “Es una obligación desoír lo que dice el TC. Tú eliges: o TC y Estado español o voluntad popular del 27-S. Para ir hacia la independencia hay que desobedecer. El reverso de la desobediencia es la obediencia. Cuando tú desobedeces al TC, es porque estás obedeciendo a tu pueblo. Si tu decides obedecer al TC, es que no estás obedeciendo a lo que te ha pedido la gente de tu país”, argumentó. Por ello, insistió en que si lo que se les pide es adaptar su moción a la legalidad española, la respuesta es clara: “No”.

Desde Junts Pel Sí, especialmente desde la opción mayoritaria de la coalición, Covengència Democratica de Catalunya (CDC), se acusa a la CUP de gesticular. Así, el portavoz parlamentario de JxSí y dirigente de CDC, Jordi Turull, acusó a la CUP de quedarse simplemente en acciones de cara a la galería. “Mientras unos trabajamos por construir el Estado catalán otros solo se dedican a gesticular”, aseguró apenas 24 horas después de que la CUP presentara su moción. Ayer, el coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez, insistió en que la moción presentada por la CUP es solo un gesto y recordó que su formación tiene a personas imputadas por la causa independentista. “Habría que recordarle a alguien, cuando habla de desobediencia, las consecuencias de hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Otros hablan mucho pero consecuencias jurídicas, por el momento, no han tenido ninguna”, sentenció.

Acción judicial En el fondo de la controversia subyace la actuación de la justicia española y la respuesta que están dado la CUP y JxSí. Así, en la formación anticapitalista y en contra de las declaraciones de Sánchez, señalan que los únicos electos municipales imputados por incumplir los requerimientos de la justicia con los de la CUP. Recuerdan en este sentido que la alcadesa de Berga, Montse Venturós, deberá comparecer la próxima semana ante los tribunales por negarse a quitar la estelada de la Casa Consistorial y un concejal de Vic Joan Coma Roura está imputado por sedición. Además, afirman que los alcaldes de CDC y ERC están cumpliendo con los requerimientos legales mientras que los de la CUP se niegan a hacerlo.

Así, entidades soberanistas y municipalistas han impulsado un manifiesto contra la “judicialización” del proceso independentista y en defensa de los ayuntamientos y cargos electos investigados por la Audiencia Nacional por promover mociones rupturistas. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han convocado para mañana un acto en Barcelona en el que se leerá el manifiesto de apoyo. Más de 280 ayuntamientos y administraciones locales han aprobado mociones de apoyo a la declaración de inicio del proceso hacia la independencia, aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre y suspendida por el TC. - DNA