La Habana - Sólo quince meses después de iniciar su acercamiento, Cuba y Estados Unidos están cimentando una nueva relación con avances en el plano diplomático e incluso económico, aunque tropiezan en la misma piedra: sus diferentes ideas sobre derechos humanos, libertades fundamentales y democracia. Al anunciar su visita a la isla, entre el 20 y 22 de marzo, el presidente Barack Obama destacó que uno de sus propósitos era incidir en la situación de los derechos humanos en la isla, en un momento en el que la disidencia denuncia un aumento de la represión.

Desde el restablecimiento de relaciones anunciado el 17 de diciembre de 2014, Estados Unidos ha reiterado que el diálogo con Cuba es una nueva estrategia, pero que no desiste de su objetivo de alentar una apertura democrática dentro de la isla, con avances en derechos y libertades fundamentales, y que seguirá apoyando a la oposición.

“Esto no es una cuestión de hacer concesiones al Gobierno cubano, se trata de comprometernos de forma directa con el pueblo cubano y poder tener conversaciones sinceras y firmes directamente con el Gobierno cubano”, aclaró el presidente Obama en una reciente entrevista. No obstante, esos argumentos no contentan ni al Gobierno cubano, que acusa a su antiguo enemigo de “fabricar una oposición política interna sufragada con dinero de los contribuyentes estadounidenses”; ni a algunos sectores de la disidencia, que perciben la nueva relación con Cuba como una aceptación del régimen castrista.

Cuba recrimina también a Estados Unidos “manipulación política y doble rasero” sobre los derechos humanos y enarbola el acceso universal a la educación y la salud en la isla caribeña o sus misiones solidarias en el exterior como muestra de su compromiso con esos derechos fundamentales. “Cuba, que se ha adherido a 44 instrumentos internacionales en esta materia, mientras que Estados Unidos solo ha suscrito 18, tiene mucho que opinar, que defender y que mostrar”, señalaba un reciente editorial del diario Granma, portavoz del Partido Comunista.

La Habana argumenta con frecuencia la discriminación y racismo que persisten en Estados Unidos, el abuso policial, las violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo o la situación de los prisioneros en la base naval estadounidense de Guantánamo. A pesar de sus diferencias, delegaciones de ambos países han mantenido varias rondas de discusiones sobre derechos humanos, que se han resuelto con menciones al “respeto mutuo”, pero con cada parte enconada en su postura.

La nueva relación con Estados Unidos divide a la disidencia en dos bloques: los que la ven como oportunidad para lograr espacios para la sociedad civil y avances en derechos y libertades; y los que consideran que dialogar con el Gobierno cubano es una manera de legitimar un “régimen dictatorial”. Figuras como el expreso político José Daniel Ferrer y el opositor moderado Manuel Cuesta Morúa se ubican en el primer grupo mientras que las Damas de Blanco o el disidente Antonio Rodiles, encabezan a los más críticos. Cuesta Morúa y Ferrer están detrás de la iniciativa #Otro18 -en referencia al 2018, año en el que Raúl Castro dejará el poder- que pretende promover cambios democráticos aprovechando el nuevo contexto con Estados Unidos mediante la iniciativa ciudadana y desde dentro del sistema. “Cuba está condenada a dar más espacios y a escuchar a la sociedad civil, como consecuencia del desgaste del régimen que no tiene discurso ni retórica y del propio cansancio de la población, que no ve esperanza de mejoras”, opina Cuesta Morúa.

“Más represión” Contraria a “reformas superficiales” frente a un “cambio radical que elimine a los Castro del poder” está Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, movimiento formado por madres e hijas del “Grupo de los 75”, presos políticos encarcelados tras la Primavera Negra de 2003 y ya en libertad. El grupo convoca cada domingo marchas pacíficas bajo la plataforma #TodosMarchamos para exigir la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, unas movilizaciones que suelen acabar reprimidas con detenciones.

Soler denuncia un agravamiento en el último año de la represión, en muchos casos con violencia contra los activistas. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, sólo en los dos primeros meses del año se produjeron al menos 2.555 arrestos políticos, aunque la mayoría de esas detenciones duran unas horas.

La disidencia apunta a un cambio de estrategia del gobierno, que mantiene la represión pero de un modo que, en este momento de apertura al exterior, no le compromete ante la comunidad internacional al no haber juicios sin garantías o largas condenas contra opositores. Según Amnistía Internacional, ahora no hay presos de conciencia en las cárceles cubanas, aunque la libertad de expresión todavía puede llevarte a prisión en Cuba y sólo el 25% de la población usa internet, que sigue prohibido en los domicilios aunque se han habilitado zonas wifi en espacios públicos.