Bilbao - Será juzgado a partir del próximo 9 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), si bien su estrategia procesal podría estar diseñada de antemano. Encausado junto a otras 35 personas en el macrosumario 04/08 tras la redada de Segura, aunque juzgado en la sala bilbaína por su aforamiento como parlamentario en Gasteiz, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, podría emular el histórico acuerdo que los restantes imputados por pertenencia a ETA sellaron el pasado enero con la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) para rebajar su condena y así eludir la prisión. Fuentes jurídicas han señalado que cabe la posibilidad de que el abogado del procesado, Iñigo Iruin, solicite que se le aplique el mismo pacto, según Efe.

Alcanzado el pacto con la Fiscalía y las acusaciones populares hace casi dos meses, los procesados aceptaron condenas de entre año y medio y dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista tras haber reconocido haber sido “instrumentalizados” por parte de la organización armada. Entre ellos se encontraban miembros de Batasuna -con históricas figuras como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena-, EHAK y ANV. Abrieron una posibilidad antes impensable entre los procesados por las actividades de la izquierda abertzale, anteriormente reticente a acogerse a cualquier acuerdo con el Ministerio Fiscal o las acusaciones particulares, que implicaba reconocer los hechos. Sortu, en palabras del propio Arraiz, enclavó esa postura en que ningún militante se viera obligado a ir a la cárcel “por motivos políticos” y edificar un “punto de partida para un camino de inicio hacia el final de las políticas de excepción, incluido el todo es ETA”.

acusación Encausado en el TSJPV por la causa abierta desde hace nueve años por su supuesto papel en la reconstrucción de la cúpula de la ilegalizada Batasuna, el presidente de Sortu -que entonces era responsable de Sortu en Araba- será juzgado por “integración en organización terrorista” por la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV presidida por Juan Luis Ibarra, a quien acompañarán los magistrados Nekane Bolado y Roberto Saiz. La solicitud de prisión asciende a seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para empleo o cargo público “electivo municipal, foral, autonómico, estatal o internacional”, según la Fiscalía. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia se encargarán de ejercer la acusación popular, solicitando 10 años de cárcel para Arraiz.

El Ministerio Fiscal, además, podría llamar a declarar como testigos de su acusación a diversos históricos exmiembros de la Mesa Nacional de Batasuna. Podría ser el caso de Arnaldo Otegi, recientemente excarcelado tras cumplir su pena por el caso Bateragune; Joseba Permach, Rufi Etxeberria y Jose Luis Elkoro.