Bruselas - El Gobierno de Bélgica respondió ayer a las críticas a la supuesta laxitud de su legislación para enfrentar al terrorismo con una serie de propuestas que prevé incluso un cambio en la Constitución de este país, en donde se organizaron en parte los atentados del 13-N en París. Mientras las fuerzas de seguridad efectuaban registros en distintos puntos de la región de Bruselas, el primer ministro del país, el liberal Charles Michel, proponía en el Parlamento una lista de medidas “excepcionales para garantizar la seguridad pública”, incluida una partida extraordinaria de 400 millones de euros en el presupuesto para 2016.

Entre las medidas más restrictivas Michel propuso que los yihadistas retornados vayan “directamente a la cárcel” y ampliar la detención preventiva de 24 a 72 horas, lo que plantea una modificación en un artículo de la Constitución. Igualmente promueve la posibilidad de efectuar registros las 24 horas en caso de infracciones terroristas, dado que la ley actual no los permite entre las 21.00 y las 05.00 horas. También pide activar el registro de datos de pasajeros aéreos (PNR, en sus siglas en inglés), sin esperar a que la Unión Europea (UE) lo apruebe, un asunto que ayer también reclamó en París el primer ministro francés, Manuel Valls. Las bases de datos PNR, creadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, existen ya a nivel nacional en otros países comunitarios como Reino Unido, Italia, España, y su aprobación a nivel europeo se discute hoy en el consejo extraordinario de ministros de Interior y Justicia de la UE.

El jefe de Gobierno de Bélgica, un país al que se ha criticado por considerar que ha podido servir de refugio de islamistas radicales y de laxitud en sus normas de lucha contra el tráfico de armas, rechazó todas las críticas. “No acepto las críticas que buscan denigrar a los servicios de seguridad del país”, dijo Michel, al tiempo que felicitó a ese cuerpo de seguridad por su trabajo “difícil y tenaz”. Bélgica es el segundo país con más nacionales que han viajado a Siria, después de Francia, y el primero en número por habitantes, con 828 presuntos yihadistas identificados por el Órgano de Coordinación para el Análisis de las Amenazas (OCAM).

Pulseras, móviles, controles... Michel propone efectuar más controles policiales en las fronteras, desplegar de 520 militares para reforzar la seguridad y la revisión del código de instrucción criminal, con nuevas tecnologías y métodos de investigación. También que las personas fichadas por los servicios de análisis lleven un brazalete electrónico o medidas concretas para identificar posibles yihadistas, como el “fin del anonimato” de las tarjetas de móvil prepago, la ampliación de la red de cámaras de reconocimiento de matrículas o el cierre de páginas de Internet “que predican el odio”.

Por su parte, el director de Europol, Rob Wainwright, pidió ayer compartir información “de forma sistemática” como herramienta de prevención “esencial” contra el terrorismo.