Barcelona - “No voy a permitir que unos señores liquiden la democracia”. La sentencia no puede destilar un cariz más amenazante, pero demuestra que Mariano Rajoy, autor de la advertencia, ha encontrado en Catalunya su mejor baza electoral a un mes de la cita con las urnas y con su mayoría absoluta en entredicho. Los árboles catalanes han ocultado el bosque de la legislatura española que expira, y a cada día que pasa el impulso independentista entierra cualquier otro asunto. Entre tanto, y confirmada ayer por parte del Tribunal Constitucional (TC) la suspensión por unanimidad de la moción rupturista que aprobó el Parlament, el punto de mira está colocado en 21 altos cargos catalanes, entre ellos el jefe del Govern en funciones, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

El pleno del TC decidió comunicarles nominalmente que deben cumplir la decisión judicial pero, según fuentes del tribunal, se suaviza la petición del Gobierno español y, en la providencia del acuerdo, solo advierten de que podrían incurrir en “eventuales” responsabilidades penales en caso de incumplimiento. El Ejecutivo pedía que se les notificara la prohibición de tramitar cualquier iniciativa encaminada a ejecutar la resolución, y se les apercibiera del deber de cumplir su decisión, incluso de la posibilidad de ser acusado de desobediencia. Y es que el soberanismo está dispuesto a hacer caso omiso y tirar adelante con las leyes del proceso constituyente, la hacienda catalana y la seguridad social, así como con el paquete de medidas de índole social introducido en su anexo.

Las apariciones mediáticas de Rajoy se multiplican para redundar en su argumentario rutinario sobre cómo encarar lo que entiende como un desafío secesionista, casualmente cuando durante cuatro años al líder del PP se le achacó esconderse detrás de un plasma para explicarse, por ejemplo, sobre los casos de corrupción que asolaban a su formación. “Pretenden quebrarlo todo, devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente. Cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Quieren acabar con la democracia y el Estado de Derecho”, desglosó con rictus de tratar de abanderar la cruzada unionista. El presidente español, ajustándose a la valoración que hizo el Consejo de Estado previamente, aprecia en las intenciones de las fuerzas soberanistas una “insumisión” al Estado, y aunque aún esperaba “una rectificación”, en la línea que textualmente reclamaba el editorial de un medio escrito catalán relevante , demandó en su intervención una respuesta urgente del Constitucional que no se hizo esperar, aunque la deliberación del tribunal se prolongó más de lo previsto.

la sentencia se demorará El tribunal dará ahora, antes de tomar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, 20 días hábiles -sin contar domingos y festivos- a las partes afectadas para presentar sus alegaciones. Esos plazos, y la previsión de que el asunto requerirá un debate de fondo y una redacción de la sentencia escrupulosa y detallada, hacen prever al Ejecutivo español que el pronunciamiento definitivo no se producirá antes de las generales del 20-D, y hasta podría tardar cinco meses o prorrogarse la suspensión indefinidamente.

Rajoy censuró el texto independentista que rompe con España porque “niega el orden constitucional vigente en su conjunto” y defiende que “todas las decisiones del poder deben quedar sujetas a la norma fundamental sin espacios libres de impunidad” para nadie, y menos para gobernantes y responsables públicos. En el texto del recurso redactado por la Abogacía del Estado y sus expertos se especificaban una decena de artículos de la Constitución que podrían haber sido vulnerados, y que acarrearían de facto una quiebra de la soberanía nacional, la unidad de España y el sorteo de la ley y la Carta Magna.

“Pretenden arrebatarnos a los españoles su principal conquista: la democracia”, o lo que es igual, “privar a la mayoría de los españoles de decidir qué es su propio país”, verbalizó un enfático Rajoy. “La resolución liquida la Constitución española, donde se fijan las normas de convivencia, diciendo que no se va a respetar la legalidad vigente, que lo que diga el Constitucional no se cumple (...) están quebrándolo todo”, puntualizó. Y proclamó a modo de aviso que “sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno, pierde su legitimación”. Es tal el uso electoral que el líder del PP está haciendo de esta problemática que el próximo sábado acudirá a Barcelona, junto a siete ministros, para participar en un mitin de presentación de sus candidatos.

Además, se agarró a la “preocupación” que percibe en el rey Felipe VI ante “este desafío en toda regla a la ley que juega con los sentimientos de todos los españoles”. Si, como él asegura, los catalanes también lo son, habrá que entender que también se juega con los sentimientos del sector independentista. “Son días complicados”, añadió a las palabras de Rajoy el monarca español.