gasteiz - No será por lo menos hasta dentro de tres meses cuando el Parlamento Vasco debata su tramitación, pero EH Bildu logró ayer introducir en la campaña electoral su particular estrategia para acercar a Euskadi el derecho a decidir. Y lo hizo al calor del proceso catalán, el espejo unilateral en el que se mira, y con el aviso a navegantes de que si Madrid rechaza lo que decida la sociedad vasca la izquierda abertzale está preparada para “la confrontación democrática”.

Con el refrendo de los cuatro partidos que conforman la coalición soberanista, los portavoces de Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba registraron en la Cámara la propuesta para alumbrar una ley de consultas que han bautizado como Ley para el Empoderamiento de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Este nombre encierra 59 artículos y ocho disposiciones mediante los que EH Bildu persigue dotar de un “paraguas legal” la reivindicación del derecho a decidir, y su aspiración es hacerlo antes de que concluya la actual legislatura; es decir, en un máximo de once meses.

El escueto plazo no es un obstáculo insalvable, según las consultas jurídicas realizadas por la coalición soberanista, desde donde fían a la “voluntad política” el éxito de la misión. El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, quien fue el encargado de detallar el proyecto tras su registró, defendió la necesidad de habilitar una “herramienta” para poder avanzar hacia el derecho a decidir, aunque lamentó que después de que el PNV asumiera que no va a ser posible acordar una propuesta articulada en la Ponencia de Autogobierno sobre el nuevo estatus vasco se puede dar la circunstancia de que se tenga “la herramienta para votar, pero sin intención de acuerdo sobre qué votar”.

No fue este el único mensaje que Arraiz dirigió a Sabin Etxea, desde donde ayer afearon a EH Bildu por “construir la casa por el tejado” en lugar de haber participado en una labor de “cocina previa” en la Ponencia de Autogobierno. Además, fuentes jeltzales criticaron a Arraiz por “huir de la gran pregunta: qué se va a consultar”, y definieron el paso dado en sede parlamentaria como “un ejercicio de cosmética” a las puertas de una convocatoria electoral.

Por su parte, el líder de la bancada abertzale incidió en que tanto EH Bildu como PNV recogen en sus programas una posición favorable al derecho a decidir, por lo que a partir de ahora “se trata de que nos pongamos de acuerdo”. Aún así, Arraiz reconoció que frente a su optimismo para poder aprobar la ley en plazo, la materialización de la consulta antes de un año es algo “difícil” de lograr.

Precedentes A la espera de lo que ofrezca la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, la historia reciente revela la escasa vida que han tenido tentativas similares tanto en Euskadi como en Catalunya. La última hace apenas nueve meses que fue anulada por el Tribunal Constitucional y dejó sin el refrendo legal a la consulta a la que el pueblo catalán respondió de forma masiva el pasado 9 de noviembre.

En lo que se refiere a los antecedentes vascos, el Parlamento de Gasteiz aprobó en 2008 su propia Ley de Consultas que “aún no siendo jurídicamente vinculante, tiene plena validez política y social”, según rezaba el texto redactado por el Gabinete que presidía el lehendakari Juan José Ibarretxe. Entonces la izquierda abertzale, representada en la Cámara autonómica por las aforadas de EHAK, se limitó a aportar uno de sus ocho votos -el resto se abstuvieron- para desbloquear el empate y permitir sacar adelante la propuesta y desactivar el rechazo de PSE y PP.

La aprobación de la ley llevó aparejada una consulta en la que la ciudadanía vasca tenía la posibilidad de responder dos preguntas. La primera hacía referencia a la conveniencia de habilitar un proceso dialogado del fin de la violencia, siempre que ETA cesará en su actividad armada; mientras que la segunda cuestionaba acerca de un proceso de negociación entre los partidos políticos para alcanzar un “acuerdo democrático” sobre el ejercicio del derecho a decidir.

La reacción inicial del Gobierno español, liderado en 2008 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fue recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva norma vasca, que meses más tarde fue declarada “inconstitucional”.