Paradójicamente, en la medida que un Gobierno se siente débil, mayores alardes de prepotencia e intransigencia demuestra. En especial, esta contradictoria debilidad se refleja preferentemente en el control del orden público, en sucesivas leyes de Seguridad Ciudadana que de inmediato reciben el rechazo frontal de la sociedad democrática y acaban siendo descritas en términos críticos y peyorativos.

Hay que hacer notar que en el Estado español esas leyes son sacadas adelante en situación de mayoría absoluta, a golpe emocional tras hechos especialmente violentos y sin intentar ningún consenso con el resto de las fuerzas políticas. Recordemos aquella regulación de la Ley de Seguridad Ciudadana impuesta por el rodillo socialista en 1992, aquella esperpéntica ley de “la patada en la puerta”, que sin autorización del juez permitía a la Policía entrar a domicilios privados y registrarlos. Semejante disparate fue aprobado en el Congreso, pero un año más tarde el Tribunal Constitucional dejó en ridículo al autor del engendro, el ministro de Interior José Luis Corcuera anulando la ley por ser contraria al artículo 18.2 de la Constitución. Al día siguiente, el ministro dimitió.

A partir de las 0 horas del pasado miércoles entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, patrocinada también por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, otro preclaro ejemplo de zafiedad y autoritarismo. Una ley aprobada tras aquellas movilizaciones masivas del 15-M que pusieron los pelos de punta a la derechona y a sus representantes. Una ley aprobada, también y por supuesto, sin consenso alguno y a puro rodillo. Ha sido recurrida al Tribunal Constitucional, pero los tiempos han cambiado -para peor- y puede sospecharse que la composición del actual TC no va a mostrarse especialmente firme en la defensa de los derechos democráticos. Al tiempo.

Entre nuevos acontecimientos postelectorales, con la unidad europea en riesgo, la atención ciudadana quizá no se ha parado a reflexionar y valorar los derechos fundamentales que se le van a conculcar desde el pasado miércoles.

Aquí no valen ni juicios ni jueces. La Policía puede entrar a saco y a multa limpia hasta con cinco ceros, si considera que algunas actitudes transgreden la nueva ley. En adelante la palabra de la Policía va a misa y tiene valor probatorio, por más que la persona detenida presente su propia versión contradictoria. Será infracción catalogada muy grave -hasta 600.000 euros- “la perturbación de la seguridad ciudadana” en el Congreso, Senado y Cámaras autonómicas. Por supuesto, no se especifica qué es esa perturbación y lo mismo pueden aplicar el término a la interrupción de un pleno, que a la protesta a las puertas del edificio, a cortar la calle? Será la Policía quien lo considere, y arreará la multa que le plazca, tanto más elevada cuanto más reincidentes o conocidos sean los protagonistas de la protesta.

Cuidado con la “falta de respeto o consideración” a un agente policial, sin determinar si se trata de un insulto, un gesto, una agresión o, simplemente, que el agente crea que se le ha mirado mal. La riada de multas caerá también contra los organizadores de una protesta no autorizada, contra quien la tuitee o contra quien porte la pancarta.

Se abre la veda para los “cacheos preventivos” y la identificación arbitraria, llegando incluso a llevarse detenidas a las personas que se nieguen a mostrar el DNI. Cacheos e identificaciones que favorecen la extralimitación policial y se ciscan en el derecho fundamental a la intimidad.

En su empeño por glorificar y enaltecer a los cuerpos y fuerzas, la nueva ley aplicará sanciones económicas desorbitadas a quienes osen grabar a un policía tanto si se extralimita como si no. Por el contrario, los policías sí podrán filmar o fotografiar a las personas “de acuerdo con la legislación vigente en la materia”, por supuesto sin ninguna justificación para hacerlo.

En plena relación con la actualidad, la Ley Mordaza sanciona, prohíbe y criminaliza cualquier intento de detener un desahucio. La Policía podrá multar a todo aquel que pretenda impedir a cualquier autoridad o empleado público la ejecución de un desahucio, por más que éste signifique una injusticia manifiesta.

Directamente señalando a movimientos ecologistas o reivindicativos, la ley prohíbe escalar edificios, monumentos o construcciones “sin autorización”, por lo que la libertad de expresión de colectivos como Greenpeace queda más que limitada.

La Ley Mordaza ha acabado con eso que viene a denominarse “resistencia pacífica”, llámense escraches, sentadas, quedadas o reuniones en lugares públicos.

Y para que quede claro, en tiempos de crisis, de paro, de salarios de miseria, los omnipotentes agentes de los cuerpos y fuerzas podrán disponer la cuantía de la sanción que corresponde a todos estos ejercicios de libertad. Y va de los 100 a los 600.000 euros.

Este desparrame autoritario de la Ley Mordaza que lesiona gravemente derechos democráticos como los de reunión, manifestación, expresión e intimidad, ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que, una vez modificado, que impone la cadena perpetua. No tienen vergüenza.