bilbao - Si los partidos son capaces de ponerse de acuerdo y de limar sus importantes diferencias sobre la Ley Municipal, todo apunta a que Euskadi podrá contar con esa norma antes de que acabe el año. Ni la izquierda abertzale ni el PSE han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto porque creen que la ley es necesaria y no quieren obstaculizarla, aunque esa predisposición no oculta sus discrepancias de calado ante la norma, que ahora tocará reconducir. El Parlamento abrirá en julio para activar la ponencia que debatirá las enmiendas, y el PNV quiere que la norma esté lista en diciembre a más tardar. Fuentes del PP no quisieron adelantar si presentarán o no una enmienda a la totalidad, una incógnita que despejarán mañana en rueda de prensa. UPyD podría hacerlo, aunque la suma de ambos partidos no sería suficiente para tumbar la ley.

El PSE registró ayer 73 enmiendas para clarificar las competencias y la financiación de los municipios. Tal y como adelantó este diario, no han presentado una enmienda de totalidad aunque mantengan “discrepancias de calado”. “Vamos a trabajar en buscar los consensos más amplios para que esa ley finalmente sea una realidad”, resumió ayer José Antonio Pastor. EH Bildu descartó una enmienda a la totalidad porque “lo prioritario es contar con una ley tras una larga etapa de más de 30 años”, tal y como señalaron ayer Marian Beitialarrangoitia y Dani Maeztu. Aun así, las discrepancias de la coalición no son menores. Presenta 102 enmiendas, y algunas pueden tocar hueso, ya que cuestionan que la asociación de municipios, Eudel, nombre a los representantes locales en el Consejo Vasco de Finanzas, donde se reparten los ingresos fiscales entre los niveles institucionales. El PP también lo cuestiona. EH Bildu quiere que sean las propias entidades locales las que elijan a sus representantes y la forma de escogerlos. También quiere garantizar financiación suficiente a los ayuntamientos, incluso aunque suponga incrementar el gasto, por ejemplo con las ayudas de emergencia social.

El PSE hiló la norma con una de sus principales banderas en los últimos tiempos, la reforma de la Ley de Territorios Históricos, para clarificar las competencias. Para garantizar los fondos suficientes para ejercer esas competencias, quieren que los ayuntamientos tengan “voz y voto” en el Consejo Vasco de Finanzas y que se fijen unos “criterios generales objetivos, no simples recomendaciones que las diputaciones pueden seguir o no”. “Ya vale de tutelas paternalistas y foralismos trasnochados”, despachó Pastor. El PSE aboga por la cooficialidad de euskera y castellano, “reconocidos ambos en un mismo nivel”, y que toda la documentación interna y externa esté redactada en ambos idiomas, al igual que todas las señales de tráfico. El PNV registró cuatro enmiendas muy técnicas.