madrid - Casi tres años después de su nacimiento, el nuevo Código Penal entra este miércoles en vigor con “errores” en la redacción de algunos delitos y bajo la amenaza del recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentará inmediatamente contra la pena que a nadie deja indiferente: la prisión permanente revisable. Dos tercios de la sociedad española la defienden, pocos juristas la sostienen y toda la oposición la denuncia, pero lo cierto es que a partir del 1 de julio los atentados terroristas y los asesinatos a menores, entre otros delitos, serán castigados con lo que todos los partidos han tachado como “una cadena perpetua encubierta”.

Se trata de la principal novedad del proyecto de mayor envergadura impulsado por Justicia en esta legislatura y uno de los más modificados, algo que no es novedad en el departamento que dirige Rafael Catalá cuando se trata de propuestas concebidas por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Aunque su futuro está lleno de incógnitas y amenazas. Y es que el PSOE ya ha sacado toda su artillería. Esta semana, los socialistas presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la prisión permanente que contará con el apoyo de más formaciones, y eso sin olvidar su promesa de derogarla si llega al gobierno. Fuentes parlamentarias confirmaron que Convergencia y Unió, BNG y Compromís firmarán el recurso de los socialistas, al que probablemente se sumarán Izquierda Plural y PNV.

Además de incorporar la prisión permanente revisable, el texto suprime las faltas. Sin la repercusión mediática de otras medidas estrellas de la reforma, el adiós de las faltas se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo quebradero de cabeza para el ministerio y la Fiscalía, después de detectar “errores” en 16 delitos menos graves, que tendrán que considerarse leves. No obstante, Catalá cerró el debate al asegurar que ese fallo “es solo una cuestión de debate académico” que “no tendrá ninguna consecuencia práctica”. No lo entiende así la Fiscalía General del Estado, que ya ha enviado una circular en la que alerta de los errores, dando instrucciones a los fiscales de cómo actuar. Tanto Jueces para la Democracia como Foro Judicial Independiente advierten de los “muchos y enormes problemas” que provocarán en la Justicia las deficiencias técnicas del texto, que obligará a revisar decenas de miles de causas con un coste que se antoja incuestionable: más carga de trabajo implicará más lentitud en la Justicia.

“La realidad tiene un coste y será en tiempo o en dinero”, señala Conrado Gallardo, de FJI, mientras que Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales (UFP), habla de “chapuza”. Todos ellos comparten que “el fallo del legislador es bastante grande”, como señala Emilio Frías, de la Asociación de Fiscales. “Es tal el conjunto de errores y de elementos confusos que haría falta un esfuerzo formativo considerable e inminente”, dice Joaquim Bosch, de JpD. - Efe/E.P.

Prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable se podrá alargar durante toda la vida, aunque, pasado un periodo de 25 a 35 años, se evaluará si el pronóstico de reinserción es favorable. Solo se impondrá en casos excepcionales como terrorismo, asesinatos en serie o de menores 16 años.

Financiación ilegal de partidos. Se castigará con cárcel a los españoles que acepten o den donaciones superiores a 500.000 euros, o 100.000 euros si son extranjeros.

Consentimiento sexual. Realizar actos de carácter sexual con menores de 16 años se considera un hecho delictivo, salvo que sean consentidos con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

Vídeos. Compartir vídeos íntimos sin permiso en la red será delito, aunque la grabación se hubiera realizado con el consentimiento de la víctima. Tendrán una pena de cárcel de tres meses a un año.

Supresión de faltas. Se elimina el libro dedicado a las faltas, que pasan a ser consideradas delitos leves o sanciones administrativas.

Animales. Se agravará el abandono de animales, que llevará aparejado una multa de uno a seis meses y se tipifica por primera vez la explotación sexual de animales.