gasteiz - Los resultados electorales de mayo son el suelo sobre el que la secretaria general del PSE alavés, Cristina González, pretende edificar el nuevo partido, unos cimientos cuyo origen son el recorte de 7.000 votos, pero que gracias al pacto global con el PNV situarán por primera vez en la historia a esta formación en los dos gobiernos más importantes de la escena alavesa. Con estas perspectivas, la dirección territorial confiaba en que las diferencias internas que fracturaron el partido quedaran definitivamente aparcadas, pero la denuncia por estafa y falsedad documental que la Fiscalía vasca presentará la próxima semana contra el exresponsable del partido y parlamentario, Txarli Prieto, y el titular del área de Organización, Víctor García Hidalgo, ha reabierto unas fisuras latentes y, además, podría acarrear el cese de ambos.

Ante este escenario, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, acudió el pasado jueves a Gasteiz acompañada del secretario de Organización, Miguel Ángel Morales, con la intención de apaciguar los ánimos y poner al corriente a la militancia tanto sobre las negociaciones con el PNV como acerca del futuro alejado de sus cargos que aguarda a Prieto -ausente en la cita del jueves- y García Hidalgo -presente pero que rehusó intervenir- si la denuncia llega a juicio.

La expectación llevó a la sede de la plaza del Arca a un centenar de afiliados. Durante casi cuatro horas tuvieron la oportunidad de aclarar las dudas sobre los pasos que tiene previsto ejecutar la dirección. Según testigos presenciales, Mendia dejó patente su intención de participar en el Gobierno de la Diputación de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria, una postura que parte de las bases no comparte al considerar que ser la cuarta fuerza en Gasteiz y la quinta en el territorio aleja al PSE de los puestos mando, aunque sea a través de un ejecutivo de coalición.

No obstante, la determinación de Mendia es compartida por la dirección alavesa y la mayoría de la afiliación en esta provincia, lo que sumado a las puertas abiertas que desde el PNV han mantenido en todo momento no deja lugar a dudas sobre el futuro al frente de ambas instituciones.

Abordado este asunto, las preguntas de los militantes se sucedieron en torno a las supuestas irregularidades cometidas por Prieto, copropietario de la empresa Escoiba, que entre 2010 y 2011 se encargó de la reforma de cinco sedes del PSE a cambio de 71.484 euros. Fuentes de la dirección sostienen que González trasladó a sus compañeros un mensaje de “tranquilidad” basado en la existencia de las facturas que el PSE posee de estos trabajos y que no dudará “en poner a disposición de las autoridades judiciales” si son requeridas.

Mendia explicó ante los militantes alaveses que el hecho de que exista una denuncia no implica que los acusados sean culpables. Aún así, al igual que lo hiciera ayer de forma pública en una entrevista radiofónica, la secretaria general del PSE en Euskadi recordó en la reunión celebrada en la capital alavesa que si el caso llega a juicio Prieto y García Hidalgo se verían obligados a abandonar sus cargos, ya sean públicos u orgánicos.

El ex secretario general del PSE alavés es uno de los 16 parlamentarios vascos de la bancada socialista, además de mantener varios cargos internos. Por su parte, García Hidalgo, quien fue director de la Policía Nacional con Zapatero al frente del Gobierno español, no ostenta ningún cargo público y es el secretario de Organización de los socialistas alaveses.

El exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, alejado ahora de la primera línea política, destacó en la reunión del jueves que la denuncia de la Fiscalía vasca marca “un antes y un después”, pero sin olvidar que se trata de “un primer pronunciamiento”. En este sentido, según trasladó el propio Lazcoz a este periódico, “todos debemos tener una actitud prudente y esperar a ver en qué términos se pronuncia el Tribunal Superior”.