barcelona - La Fiscalía ha presentado una querella contra el actual presidente de Infraestructuras de la Generalitat, Joan Lluís Quer, y otras doce personas por la presunta adjudicación directa de contratos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) a una unión de empresas controlada por ese cargo del Gobierno catalán.

En su querella, ya admitida a trámite, el ministerio público acusa a Quer, exgerente del ACA entre 2000 y 2004; al ex director general de esta entidad Manuel Hernández, así como a varios cargos de la misma de los delitos de revelación de secretos, uso de información privilegia, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y malversación, además de posible falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Quer de haberse beneficiado de sus influencias en el ACA para lograr la adjudicación “a dedo” de contratos de consultoría, con un valor de 7,6 millones de euros, a la unión temporal de empresas (UTE) DMA-Gestió, de la que era gerente, entre enero de 2008 y noviembre de 2010. Finalmente, añade la querella, esos trabajos no fueron llevados a cabo por la UTE formalmente adjudicataria, sino que ésta “procedió de hecho a la subcontratación total” de los mismos, sin respetar “ni la regulación legal ni las previsiones contenidas al respecto en la propia contratación”.

El ministerio público sostiene que los expedientes de esa adjudicación presentan “un cúmulo de irregularidades tan numerosas y de tan grosero calibre” que permiten inferir que el contrato firmado con DMA-Gestió había sido “pactado y decidido previamente” de acuerdo con la empresa de Quer.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que inició su investigación a raíz de una denuncia presentada por el gabinete jurídico de la Generalitat y un informe de la Sindicatura de Cuentas, mantiene que la adjudicación que se dio al proyecto, articulado mediante un contrato principal y otro complementario, fue “un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito” a favor de la UTE.

“Que ello fuera así se explica por la presencia en la UTE adjudicataria de una persona anteriormente vinculada al ACA y con relaciones políticas y profesionales suficientes para ejercer un ascendiente determinante sobre los responsables de la agencia pública”, considera el fiscal. - Efe