ginebra - El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recriminó ayer a España que no haya aportado datos concretos sobre actos de tortura, investigaciones sobre esos crímenes, personas condenadas e indemnizaciones a víctimas, a pesar de que le fueron solicitados específica y reiteradamente. El Comité analizó el martes y ayer la implementación por parte de España de la Convención contra la Tortura.

En la sesión de ayer, todos los relatores demandaron a la delegación española, liderada por la embajadora de España ante la ONU, Ana María Méndez Pérez, que aportara datos concretos sobre los crímenes que competen al Comité. “No obstante, hoy los diferentes personas que han intervenido en la delegación durante una hora y media no nos han aportado datos concretos sobre los delitos de tortura”, lamentó Abdoulaye Gaye, relator del informe de España. En la misma línea, Jens Modvig recriminó a la delegación española que no hubieran contestado a su pregunta respecto a qué había ocurrido con los supuestos 300 casos de tortura denunciados en los últimos cuatro años y preguntó cuántos de ellos se habían investigado, cuántas personas habían sido castigadas y cuántas indemnizadas.

El presidente del comité y segundo relator del informe sobre España, Claudio Grossman, destacó la información aportada de que está en marcha una reforma para que la prescripción de los actos de tortura se amplíe de 10 a 15 años. “Recuerdo que la doctrina de este Comité es que la tortura, como crimen internacional grave, es imprescriptible”, observó.

Asimismo, el presidente del Comité volvió a sorprenderse públicamente -ya lo hizo el martes- del hecho de que un grupo de Mossos d’Esquadra fuera indultado tras ser condenados por torturas. La delegación de España respondió a la pregunta de Alessio Bruni sobre los castigos de hasta 42 jornadas seguidas de confinamiento solitario para los reos acusados de actos de terrorismo. Los especialistas españoles respondieron que se puede aplicar hasta tres castigos seguidos de 14 días, pero siempre autorizados por un juez y con visitas diarias de un médico. - Efe