Gasteiz - Las críticas al PNV ante el denominado caso De Miguel no han hecho mella en el lehendakari, quien ayer calificó de “ejemplar” la actuación de este partido “tanto desde un punto de vista político como institucional”. Iñigo Urkullu reaccionó así al cierre de la investigación que hizo público el miércoles el juez instructor de la Audiencia provincial de Álava, Roberto Ramos, quien imputó a través de su auto once delitos a un total de 26 encausados, en gran medida excargos de la formación jeltzale o personas vinculadas a este partido que ahora aguardan a que se decrete la apertura del juicio oral.
En una entrevista concedida a Onda Vasca-Grupo Noticias, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó que cuando hace cinco años estalló esta supuesta trama de corrupción -con el propio Urkullu al frente del EBB-, la reacción de la formación jeltzale fue inmediata. El mismo día en que tuvo lugar la operación judicial que se saldó con la detención del ex diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, y otras siete personas, el entonces máximo responsable de la entidad foral y actual presidente del Araba Buru Batzar, Xabier Agirre, salió a la palestra en una intervención pública en la que prometió “tolerancia cero” ante cualquier sospecha de corrupción, además de mostrar su plena colaboración con la Justicia y; eso sí, defender la presunción de inocencia de los detenidos.
El discurso de Agirre dejó como única opción a De Miguel la renuncia de su cargo foral tan solo 24 horas después de recobrar su libertad. No fue el único. Su reacción detonó una cascada de dimisiones que se cobró, entre otras, la salida de Aitor Telleria del ABB y el adiós de Alfonso Arriola del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
El lehendakari destacó en la entrevista radiofónica que el PNV también impulsó la baja de los implicados del partido debido a que, “desde la interpretación pública que se estaba haciendo”, el caso De Miguel podía tener “una vinculación con el PNV”. Con los imputados fuera de las instituciones y de los órganos internos del partido, Urkullu insistió en este punto para “zanjar esa posible vinculación”, aunque las reticencias de De Miguel quedaron patentes hasta que, en enero de 2011, casi un año después de que estallara el caso, el ex diputado foral hacia entrega de su carné.
Al igual que la Ejecutiva del partido nacionalista, Urkullu también hizo hincapié ayer en el prisma político que se pudiera querer imprimir en un año electoral a este proceso judicial. Por ello, recordó que no es ésta la primera vez que casos relacionados con diferentes ámbitos institucionales han sido utilizados con el ánimo de “implicar al PNV”. Ante esta “realidad”, el lehendakari insistió en que seguirá “reivindicando la presunción de inocencia, la necesidad de esclarecimiento absoluto de todos los hechos y la diferencia en los procesos judiciales”.
Frente al temor jeltzale ante un “uso político” de esta presunta trama, PP y EH Bildu eligieron ayer a sus respectivos candidatos al cargo de diputado general para criticar la actitud del PNV. Desde ambos extremos ideológicos comparten la vinculación que el caso De Miguel tiene con el partido jeltzale en su conjunto y ven al PNV detrás de la actuación del ex diputado foral.
El aspirante popular y actual diputado general, Javier de Andrés, quien compareció junto al portavoz en Álava, Carmelo Barrio, y el coordinador de campaña, Iñaki Oyarzábal, se felicitó por lograr saber, una vez conocido el auto del juez, “cuál era el entramado que empleó el PNV para lograr sus mordidas”. De esta manera tan gráfica, el dirigente conservador exigió al Gobierno Vasco que tome cartas en un asunto que, a juicio del PP, “no era una isla en la manera de actuar” de este partido en el conjunto de Euskadi, por lo que hechos similares podrían “estar pasando en otros territorios”.
El PP exige que ante el “caso más grave de corrupción de la historia del País Vasco” se cuantifique el dinero que “se llevaron los que metieron la mano en el cajón” y se pongan las medidas derivadas de la comisión de investigación que tuvo lugar en el Parlamento Vasco para que estos hechos no vuelvan a pasar.
En un mensaje con muchos punto coincidentes, incluida la hora de la comparecencia, EH Bildu también extendió la sombra de la sospecha sobre todo el partido. En este sentido, el candidato de la coalición soberanista a diputado general del territorio alavés, Kike Fernández de Pinedo, se preguntó por qué hay que pensar que De Miguel “actuaba sin conocimiento del partido”, si “nadie se cree que Bárcenas actuó al margen del PP”.
El actual portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz sostuvo que “la corrupción en Álava tiene nombres y siglas”, PP y PNV, y añadió que resulta necesario permitir la entrada de “aire fresco” en la entidad foral para acabar con esta situación.
La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, sostuvo el mensaje menos crítico de la oposición. En su opinión, una vez conocido el auto judicial y a la espera de que se fije la apertura de la vista oral, las instituciones y partidos deben “colaborar” con la justicia para que el asunto se “aclare de forma rápida”. Según Mendia, la aparición de este caso demuestra que Euskadi “no es un oasis” en cuanto a la corrupción y que también se producen este tipo de situaciones.
Por parte de UPyD, su único parlamentario en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, valoró que “en Euskadi la casta es el PNV”, que “ha hecho y deshecho a su antojo” como se trasluce, a su juicio, en el auto del juez Ramos.
