Varias noticias entrecruzadas esta semana vuelven a poner de actualidad un debate que, según los casos y los partidos políticos, tiene diferente solución. En realidad, se trata de buscar respuesta a una pregunta: ¿en qué momento procesal debe dimitir o ser cesado un representante público cuando es denunciado? Pero la cosa no acaba ahí, porque deriva en otras cuestiones como si el caso tiene que estar necesariamente ligado al interés público, a su trabajo en ostentación del cargo, a la ejemplaridad aunque se trate de una cuestión estrictamente privada, etc.
Es complejo y posiblemente no haya una respuesta única. Lo estamos viendo estos días en el PSOE, con cinco cargos aforados que son citados como imputados a declarar ante el Tribunal Supremo. Yo creo que los socialistas han acertado ahora al no pedir aún que devuelvan sus actas de diputados y que Pedro Sánchez se equivocó cuando anunció en platós varios que exigiría a Manuel Chaves -doce años presidente del partido- su renuncia al escaño.
Hemos pasado en un espacio breve de tiempo, justo antes del estallido de casos de corrupción y la presión electoral de Podemos -que antes de presentarse ya parece que ha ganado esta batalla-, de ver como cargos se aferraban al puesto incluso con condenas bajo la excusa de que esta no era firme hasta que fuera ratificada por la última instancia -Tribunal Supremo, Constitucional e incluso órganos europeos- a exigir la dimisión solo con la imputación. Pues ni una cosa ni otra parece lógica. El patinazo de Sánchez, lleva tantos que ya resulta hasta fastidioso recordárselos, es muy significativo. Se trata de sacar pecho como el más intransigente con la corrupción incluso aunque ello pueda suponer un grave perjuicio para los suyos. Un tiro en el pie en toda regla. Es la política marxista, no de Carlos sino de Groucho, que cada vez que pedía un plato su hermano Chico replicaba en aquella deliciosa escena de Una noche en la ópera: “...y dos huevos duros”. Pues eso, el más, siempre más y sin reparar que antes o después se tiene que comer los huevos duros. Como le ha vuelto a pasar esta semana con Chaves y Griñán.
Llama aún más la atención este baile de decisiones en asunto más espinoso cuando hay una tendencia general, recogida por el propio PSOE en su código ético, que se va imponiendo: la dimisión es exigible cuando el juez inicia la apertura del juicio con acusaciones formales de delitos. También lo expresó en esos términos el candidato del PNV a diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, preguntado por cuál sería su proceder en el caso de que ocupe el sillón foral.
De la misma opinión es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que fue muy claro en la entrevista de esta semana en Onda Vasca: “se debería hablar de investigados cuando se llame a declarar con abogados a personas sobre las que todavía no hay imputación judicial. Otra cosa es cuando ya el juez considera que hay indicios, razones claras y datos que apuntan a la comisión de un delito”. Es entonces, según el magistrado, cuando toca valorar la dimisión y no antes.
Es comprensible que se establezca ahí la línea con los precedentes que hemos visto en los últimos tiempos, en los que un rosario de demandas contra alcaldes han sustituido los salones de plenos por despachos judiciales. Ni siquiera salas de vista, porque las denuncias que Bildu -también el PP se ha apuntado a la moda, eso sí que ¡manda huevos!- ha ido interponiendo contra regidores municipales del PNV les han convertido automáticamente en imputados... y tras ser escuchados, también de manera sistemática, se ha considerado que no había causa penal alguna para iniciar un juicio. La izquierda abertzale debería tomar nota de estos casos porque a ver si le va a pasar como a Pedro Sánchez, que va a ser víctima de su propia estrategia.
