A expensas de lo que decida la Comisión de Ética Pública y, en última instancia, el lehendakari Iñigo Urkullu sobre el futuro de Ángel Toña como consejero del Gobierno Vasco, lo cierto es que su desembarco en el Ejecutivo ha sido accidentado. Quiso la casualidad que la Audiencia de Bizkaia publicara el fallo de un recurso a un procedimiento concursal administrado colegiadamente años atrás por el nuevo consejero y que en ese fallo se aplicara una sanción administrativa a los gestores concursales. Fue la aplicación, rígida quizá, de un automatismo vigente en la Ley Concursal. Uno de esos mecanismos que ha hecho de esta Ley un lastre para más de una empresa en dificultades. Si al menos todo este ruido sirviera para caer en esa cuenta.

El caso de Fundifes de Durango es de estudiar. A grandes rasgos, cuando entra en procedimiento concursal, Toña y otros dos administradores concursales se marcan como objetivo convertir la insolvencia en temporal, tratando de rescatar la actividad de la empresa y sus empleos. Evidentemente, los intentos en ese sentido no fructificaron, como dice la Audiencia en su sentencia “en medio de la crisis económica del año 2007”.

De no haberse procedido con ese objetivo; de no haber dedicado parte de los activos de la compañía a mantener su actividad y clientes; es decir, si por el contrario se hubiera procedido a la liquidación de activos para cubrir en orden estricto las demandas de cobro, empezando por la Tesorería General de la Seguridad Social, hoy no habría inhabilitación. La sentencia es clara: el problema no es que se procediera como se procedió sino que la alteración del orden de pagos no sirvió para sacar adelante la empresa. De haber prosperado, tampoco habría caso. El mensaje que impone la Ley Concursal a los administradores es terrorífico: si usted se la juega por intentar salvar la empresa y sus empleos y le sale mal, le esperan de 6 a 24 meses de inhabilitación. En cambio, si se limita usted a actuar de liquidador de deudas, cobre su minuta y duerma tranquilo.

Pero es que, además, el procedimiento se realiza bajo la supervisión de un juez mercantil que validó su proceder. La propia sentencia de la Audiencia es en realidad una enmienda a esa validación del juez mercantil. Esto es, para empezar, hasta 24 horas antes de ser anunciado como nuevo consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña tenía un aval ratificado en sede judicial a su gestión como administrador concursal de la empresa Fundifes por el juez supervisor del proceso. Que haya una disparidad de criterios jurídicos siempre es un problema. En este caso, los sucesivos recursos presentados desde 2010 a las decisiones de los administradores reflejaron en todo momento esa disparidad. Si la Audiencia de Bizkaia ha mantenido un criterio constante al respecto en los recursos, igualmente lo ha hecho la autoridad judicial mercantil. No se trata de elegir bando entre un juez y otros, sino de constatar que esa circunstancia afecta a la administración de empresas en suspensión de pagos.

Luego está la vertiente política del asunto. A nadie le puede extrañar que, en este año multielectoral, los partidos aprovechen cualquier resquicio para zumbar al Gobierno. El nuevo consejero, desautorizado por una sentencia, apareció a los ojos de algunos como un auténtico filón. Lo cazaron al vuelo quienes conocían el asunto bastante antes de la sentencia. De hecho es imposible que la sentencia hubiera señalado a Ángel Toña porque ni su nombre ni los de los otros dos administradores inhabilitados aparecen en ella. En todo caso, Toña se equivocó. Debió poner la situación en conocimiento del lehendakari. Más allá de que los juristas que lo han analizado consideren que esta sanción administrativa no incide sobre su idoneidad para el cargo ni le afecta éticamente.

El caso es que, con las uñas bien clavadas en el filón, EH Bildu quiso ir más allá de la crítica de oficio del resto de la oposición y tiró de relato al reclamar el cese de Toña nada menos que por no defender los derechos de los trabajadores. Pero Marian Beitialarrangoitia y Dani Maeztu -especialmente este último, que tuvo que conocer el proceso en su calidad de concejal en Durango- no hicieron bien sus deberes. Agarrados a un goloso filón en precampaña se toparon de bruces con el cierre de filas de todo el frente sindical del país en torno a la gestión de Toña. ELA, LAB, UGT y CCOO de acuerdo por primera vez en lustros. Y precisamente en ponderar el compromiso del consejero con los trabajadores. Noqueado, ayer Maeztu quiso resolverlo al peso y no hizo sino profundizar en el sinsentido: situó en una balanza a los 250 empleados de Fundifes frente a los cinco recurrentes -ojo, con todo el derecho de estos de priorizar su indemnización sobre los intentos de salvar la compañía- y concluyó que Toña no defendió a “todos los trabajadores”. Que la realidad no estropee un buen eslogan político.