Tsipras promete sanidad, comida, y luz gratis a los griegos más pobres

El líder izquierdista recalcó que la austeridad “fue desastrosa” y condujo a que la deuda pública pasara del 120% al 180% del producto interior bruto. Tsipras insistió en que el Gobierno quiere respetar sus obligaciones hacia el Tratado de Estabilidad, pero añadió que “la austeridad no forma parte” de ese texto. “Queremos dejar claro a todos que no negociamos nuestra soberanía nacional, no negociamos el mandato del pueblo”, subrayó y recalcó que su Gobierno no solicitará una prórroga del rescate, pues únicamente serviría para perpetuar una austeridad que no ha logrado más que “asfixiar” al país.

En su lugar, insistió en pedir a sus socios un crédito que sirva de puente hasta la firma de un acuerdo global con los acreedores.

Durante hora y media, el nuevo primer ministro desgranó un sinfín de proyectos que van desde el plan inmediato para luchar contra la crisis humanitaria hasta la reforma de la administración pública.

Prometió como primeras medidas un programa de ayuda alimentaria, electricidad gratuita y pleno acceso a la sanidad para los más castigados por la crisis, así como el regreso a sus puestos de trabajo de todos los empleados públicos cuyos despidos violaron la leyes, como las limpiadoras ministeriales, los guardias escolares y los funcionarios de las universidades. La prohibición de los desahucios de la primera vivienda, el restablecimiento de la paga extra de las pensiones inferiores a 700 euros o el regreso paulatino al salario mínimo de 751 euros mensuales en 2016 fueron algunas de las medidas sociales anunciadas.

Recorte de privilegios Como prueba de la voluntad de cambio, Tsipras enumeró una serie de medidas de fuerte valor simbólico, como la venta de la mitad de los coches de los ministerios y de uno de los tres aviones del Gobierno. A ello se añadirá, puntualizó, el recorte de privilegios de los ministros y de los diputados, como el derecho de los parlamentarios a disponer de coche oficial, así como la reducción de lo que calificó de “ejércitos de consejeros”.

Además, el Gobierno reducirá en un 30% el personal de su sede y en un 40% los escoltas del primer ministro. “Y esto no es solo simbólico, es porque es necesario que los policías estén en los barrios para la seguridad de los ciudadanos”, recalcó.

Por otro lado, Tsipras se comprometió a acometer como una de sus principales prioridades la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción.

En ese contexto, anunció que se procederá inmediatamente al control de los grandes depósitos que no tienen justificantes fiscales.

“No perdonaremos a nadie y nada del pasado”, aseguró para añadir que se iniciará una investigación parlamentaria para depurar responsabilidades sobre la situación en la que se encuentra Grecia.

Adelantó además una amplia reforma fiscal a medio plazo, cuya filosofía será que cada ciudadano y cada empresa contribuya a los ingresos del Estado de acuerdo a sus capacidades y que acabe con una situación que permitía que las personas con los mayores ingresos pudieran librarse de pagar impuestos. “Nos comprometemos a crear un sistema simple que trasladará el peso de la imposición a los ingresos mas altos”, dijo y añadió que se restablecerá la base impositiva exenta en 12.000 euros anuales y se eliminará la polémica tasa inmobiliaria sobre la primera vivienda, que será sustituida por una sobre las grandes propiedades.

Tsipras reiteró su negativa a continuar con el proceso de privatizaciones emprendido por el Gobierno anterior, al menos con las características que tenía, y aseguró que toda inversión privada será bienvenida, sobre todo en sectores claves como el turismo y la energía, pero que no privatizará las redes y la infraestructura del país, que “son nuestro capital nacional”. - Efe

Pago de la deuda. El programa de Gobierno de Alexis Tsipras se presenta como un plan de choque escalonado de medidas que espera que sirvan para que los socios europeos concedan a Grecia un crédito puente hasta la firma de un acuerdo de reformas definitivo. El primer ministro defiende que Grecia quiere pagar su deuda y que quiere respetar sus obligaciones hacia el Tratado de Estabilidad pero se opone a la prórroga del rescate porque no contempla la austeridad.

Ayuda humanitaria. A partir del miércoles los ciudadanos griegos más castigados por la crisis dispondrán de ayuda alimentaria, electricidad gratuita y pleno acceso a la sanidad.

Recontratación de funcionarios. Regresarán a sus puestos de trabajo las personas cuyos despidos violaron la leyes, como las limpiadoras ministeriales, los guardias escolares y los funcionarios de las universidades.

Recortes en el Gobierno. El Gobierno reducirá en un 30% el personal de la sede del Gobierno, y en un 40% las escoltas del primer ministro. Recortará los privilegios de los ministros y de los diputados, reducirá los ejércitos de consejeros, eliminará la mitad de los coches de los ministerios y los venderá junto con uno de los tres aviones del Gobierno. Los servicios secretos cambiarán de carácter y de nombre y se denominarán Servicio de Protección de la Soberanía Nacional.

Lucha contra la evasión fiscal. Se controlarán los grandes depósitos que no tienen justificantes fiscales. Se eliminarán las leyes que amnistiaban de antemano a los funcionarios que trabajan para el Banco de Grecia y la entidad encargada de las privatizaciones TAIPED.

Amplia reforma fiscal. Se realizará a medio plazo. Pretende que cada ciudadano y cada empresa contribuya a los ingresos del Estado de acuerdo a sus capacidades y acabar así con una situación que permitía que las personas con los mayores ingresos pudieran librarse de pagar impuestos. Se restablecerá la base impositiva exenta en 12.000 euros anuales y se eliminará el polémico impuesto inmobiliario sobre la primera vivienda, que será sustituido por uno sobre las grandes propiedades.

Salario mínimo. Restablecimiento paulatino (hasta 2016) del salario mínimo de 751 euros al mes y de la decimotercera paga de las pensiones inferiores a 700 euros mensuales. Además, en este paquete de medidas de protección social se contempla que no se permitirá la ejecución hipotecaria de ninguna residencia que sea primera vivienda.