pamplona - La proposición de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos recibió ayer un espaldarazo en el Parlamento de Navarra. Justo en la víspera de que se debata en el Pleno la toma en consideración de esta norma impulsada por Izquierda-Ezkerra, el emotivo relato que hicieron víctimas de distintas causas en la Cámara foral sin duda constituye un oportunísimo respaldo a esta iniciativa. La ley superará hoy su primer trámite parlamentario con los votos favorables de PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai, si bien su redacción final dependerá del debate que se siga en comisión.

No definieron su voto los representantes de UPN y PPN, que no tendrán fácil justificar su probable rechazo después de la sesión de trabajo de ayer, en la que familiares de diferentes víctimas reclamaron el apoyo sin fisuras a esta ley.

Cuatro fueron los testimonios escuchados en el Parlamento. Todos ellos de indudable credibilidad e interés, si bien el más conmovedor fue el que protagonizó Lourdes Zabalza. La hermana del vecino de Orbaitzeta Mikel -quien fue arrestado por la Guardia Civil el 26 de noviembre de 1985 y cuyo cuerpo sin vida apareció 20 días después en el río Bidasoa tras haber sido trasladado al cuartel de Intxaurrondo- pidió a los grupos parlamentarios que apoyen esta ley. “Ya que no se le puede devolver la vida, contribuyan a devolver su dignidad”, imploró Lourdes, durante su intervención, quien recordó que sus padres “se fueron sin poder reparar el buen nombre de su hijo”.

Lourdes, a quien acompañó en la sala su hermana Idoia, denunció que “con la versión oficial se le quitó la dignidad a Mikel”. Con el fin de corregir esta “injusticia”, solicitó a los partidos que aprueben esta ley “para que en algún lugar quede escrito” que su hermano “fue torturado en Intxaurrondo hasta que murió”.

Puso el cierre a la sesión el sereno relato de Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, quien era delegado de Telefónica en Gipuzkoa cuando en 1980 fue secuestrado y asesinado en una acción reivindicada por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA).

García sorprendió por la serenidad de su relato. Este guipuzcoano afincado en Navarra, que ha colaborado en varias experiencias encaminadas a la reinserción de presos de ETA, subrayó que existe “una deuda moral” con las otras víctimas a las que se ha negado el derecho “a la verdad y a la justicia”. “Esas víctimas también son las mías”, manifestó García, que consideró que esta ley brinda “la oportunidad histórica de poner fin a una serie de injusticias”.

La comisión se abrió con el testimonio de Alfredo García, alcalde de la entonces Cendea de Ansoáin, que presenció a escasos metros el disparo del Policía Armada que acabó con la vida de José Luis Cano el 13 de mayo de 1977 en la calle Calderería de Iruñea. “Aquello fue un despropósito”, zanjó.