BARCELONA - El exdiputado de CiU Oriol Pujol se negó ayer a declarar por consejo de su abogado ante la jueza Silvia López Mejía en su tercera imputación derivada del caso de las ITV y se remitió a las explicaciones que dio ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en sus dos anteriores interrogatorios, cuando aún tenía condición de aforado. Según fuentes judiciales, Pujol, que delegó sus funciones como secretario general de CDC a raíz del caso, estaba llamado como imputado por cohecho y falsificación en documento mercantil, acusado de cobrar comisiones a cambio de usar su influencia política en varias operaciones que asesoró su empresario y amigo Sergi Alsina, entre ellas deslocalizaciones industriales. La magistrada cree que el exdiputado convergente cobró entre los años 2008 y 2012 un total de 499.060 euros a través de las facturas que su esposa, Anna Vidal, facturó a la empresa de Alsina por trabajos de asesoramiento que la jueza cree que eran ficticios y que servían para enmascarar los pagos ilegales.
También su mujer y el empresario se acogieron a su derecho a no declarar, alegando los mismos motivos que Pujol. A la salida de los juzgados, el político, uno de los hijos del expresident Jordi Pujol, abandonó la Ciudad de la Justicia acompañado por su letrado, Xavier Melero, evitó pararse a hacer declaraciones ante los medios y, sin detenerse, se limitó a decir a los periodistas mientras cogía su moto: “¡Qué quieres que responda, claro que somos inocentes, hombre!”. Su abogado explicó que Pujol “se ha remitido a lo que ya había declarado ante el TSJC” ya que, aunque se trata de una nueva imputación en términos formales, los hechos son los mismos y no ha habido novedades. Melero recordó que ante el TSJC ya defendió que no había cobrado por sus gestiones, pero reconoció que había intermediado en algunos que eran de interés público pero sin cobrar. - E.P./Efe
