Bilbao - El Gobierno de Iñigo Urkullu ha hecho pública una oferta para el desarme de ETA con el objetivo de superar el bloqueo. El proceso se ha sumido en cierto letargo desde el vídeo emitido en febrero por la cadena británica BBC, donde la organización aparecía ante una mesa con una limitada muestra de armas y en compañía de los verificadores internacionales de Ram Manikkalingam. Tras ese gesto, el Gobierno español dejó claro que nunca respaldará esa vía y que quiere que ETA se limite a entregar la lista de zulos a la Guardia Civil y la Policía española, pero ese método, a su vez, no convence a la organización porque teme que sus miembros sean juzgados por posesión de armas o que el arsenal que entreguen sea utilizado para buscar huellas dactilares. En ese contexto, el Gobierno Vasco ha propuesto una vía vasca, que ETA se desarme ante las instituciones de la CAV. Propone crear un Comité para el Desarme con una representación del Foro Social, la Comisión Internacional de Verificación de Manikkalingam (CIV) y el Gobierno Vasco, y que ETA entregue la localización de las armas a una representación vasca de dicho Comité, que a su vez haría llegar la lista al Gobierno Vasco para que actúe como “legalmente proceda”. Cabría pensar que con ese modelo sigue quedando en el aire la posibilidad de que los miembros de ETA sean detenidos si Madrid los sorprende realizando movimientos en los zulos, o que la Ertzaintza no pueda ir a Francia a abrir esos depósitos de armas. Pero fuentes del Gobierno Vasco explican a DNA que han diseñado un procedimiento “con garantías jurídicas para todo el mundo”.

Lakua lleva meses escuchando decir a la izquierda abertzale que ETA quiere desarmarse pero no tiene con quién hacerlo por los planteamientos del Gobierno español. Pero el gabinete de Urkullu asegura que “ahora puede hacerlo con garantías con la propuesta del Gobierno Vasco”. ¿Cómo? Aseguran que la organización no tiene por qué mandar a ningún activista a mover las armas de ningún zulo, no tiene que acceder a ningún sitio ni ponerse así bajo el radar de la Guardia Civil, sino que basta con entregar el mapa al Gobierno Vasco, tal y como esté ahora mismo el reparto de zulos. Por ello, Lakua cree que ya no podrá esgrimir como pretexto para retrasar el desarme que las fuerzas de seguridad pueden arrestarlos.

Además, tampoco deberá acudir a los zulos la CIV. Hacerlo hubiera colocado a los verificadores en una delicada situación de inseguridad jurídica, y ya fueron citados a declarar en la Audiencia Nacional por el vídeo de la BBC. Lakua confía en su profesionalidad y el lehendakari los arropó en su declaración judicial, ya que entendía, incluso desde una perspectiva humana, su sensación de desamparo ante una situación inesperada en un país ajeno. La propuesta del Gobierno les sigue reservando un papel clave, pero en otra fase. “Están al corriente de nuestro plan, y en la propuesta es el CIV quien más protagonismo tiene. Creemos que ellos mismos se sienten impotentes ante una ETA que no da pasos, y lo que hacemos es ofrecer a la CIV un agarradero para que pueda trabajar. Ofrecemos la implicación institucional para que ETA se desarme con garantías”, explican.

incautación Siguiendo con el argumento de la seguridad jurídica, las mismas fuentes precisan que va a ser el Gobierno Vasco el depositario de la lista de localizaciones. “No hay riesgo”, zanjan. Al final del proceso, será Lakua quien tenga las armas. Acometerá la “incautación, destrucción o lo que sea necesario”. En ese punto surge la segunda duda clave. ¿Cómo accederá la Ertzaintza al Estado francés, donde se encuentran la inmensa mayoría de zulos? Lakua apela a la discreción y asegura que arbitrará mecanismos, aunque descarta de entrada que deba elaborarse una legislación especial desde el Parlamento Vasco, ya que no solucionaría el problema: según esas mismas fuentes, la Cámara tampoco tiene competencias para legislar sobre unos arsenales que están en Francia. No dan más pistas, aunque uno de los supuestos podría pasar por coordinarse con el Estado francés pero, teniendo en cuenta la fidelidad gala hacia Madrid, no cabe augurar demasiadas gestiones a espaldas de Mariano Rajoy.

En cualquier caso, desde Lakua dejan claro que ese punto ya pasará a ser “problema del Gobierno Vasco”, y no debe servir de pretexto a ETA porque, en lo que a ella concierne, el proceso está pautado. Lakua tampoco ve necesaria la implicación de la ONU, y zanja: “Si realmente el problema que tiene ETA es que no puede hacer el desarme, ahora ya sabe cómo. Otra cosa es que haya decidido no hacerlo, o que quiera hacerlo solo ante el Gobierno español. Nadie sabe muy bien qué opina”. Urkullu presentó ayer su plan al PNV en la reunión semanal del EBB.

El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, aseguró ayer a Onda Vasca y la cadena Ser que el Gobierno Vasco ha esperado “pacientemente” dos años y finalmente ha dado el paso ante la falta de avances. Cree que la propuesta es “perfectamente legal” y pone los medios para que las armas pasen a estar “controladas y destruidas”. También aseguró que Lakua ya había puesto este escenario sobre la mesa en sus conversaciones discretas, y que el CIV ya conocía el plan.

rechazo El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, acusó al Gobierno Vasco de pretender quitar de enmedio a la CIV, y consideró que el plan no es una propuesta de desarme ordenado, sino una mera petición de entrega de armas. Desde el PP, Nerea Llanos acusó al PNV de dar un “balón de oxígeno a ETA”, y pidió seguir con las detenciones en lugar de ofrecerle “pistas de aterrizaje”. La única reacción que dio aire a Lakua fue la de Lokarri, que precisamente ha trabajado en los últimos años por el cese de ETA y el desarme en compañía de agentes internacionales. Paul Rios dijo a Europa Press que el plan puede ser “un punto de partida” para forjar un consenso.