madrid - El sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -78.185,04 euros al año, bastante menos que el de muchos de sus altos cargos- es uno de los datos más llamativos del Portal de la Transparencia que ayer vio la luz, con más de medio millón de registros desde subvenciones a contratos públicos y críticas de las organizaciones pro-transparencia. Acces Info Europe y la Fundación Civio se han quejado de que el Gobierno ponga trabas en el acceso a la información al exigir identificarse mediante un DNI electrónico o una clave personal a aquellos ciudadanos que formulen preguntas.

A su entender, este sistema ha ocasionado problemas por ejemplo en la declaración del IVA el pasado mes de enero y supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información. De hecho, destacan que el propio Consejo General del Poder Judicial recuerda que el acceso a la información “es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso”.

La coordinadora de Access Info Europe, Victoria Anderica, considera que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que se aprobó en diciembre de 2013 nace con carencias y un alcance insuficiente. “La persistencia del doble silencio administrativo negativo y la exclusión de información considerada auxiliar (informes “internos”, comunicaciones in- ternas o entre organismos, resúmenes y opiniones) son dos ejemplos”, señaló.

vigilar al gobierno Ambas organizaciones se comprometen a colaborar con el Consejo de la Transparencia, (pese a que se quejan de que en este órgano regulador no está representada la sociedad civil) durante su labor de vigilancia de las obligaciones de transparencia institucional y correcto desarrollo del derecho de acceso. Además, avisan de que ejercerán a lo largo de 2015 y con sus propios medios una labor continua de fiscalización sobre el cumplimiento de la ley. “Porque, insistimos, la implementación de la ley no puede seguir haciéndose de espaldas a la ciudadanía”, avisaron.

Con alguna lentitud en sus primeras horas por la gran afluencia de internautas, la web del portal de la transparencia (transparencia.gob.es) echó a andar aportando algunos datos que, no por conocidos, no dejan de llamar la atención.

Rajoy, con mucho, percibe un salario muy inferior al de sus subordinados en la Presidencia del Gobierno. De los 15 cargos que trabajan con él en el organismo Presidencia del Gobierno, ocho de ellos cobran más que el jefe del Ejecutivo. Es el caso de su director de Gabinete, Jorge Moragas, que gana un 44% más que el presidente (113.186 euros frente a los 78.185 de Rajoy), del director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, 112.733 euros anuales; o del director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Alfonso de Senillosa, con 102.810 euros.

Algo similar ocurre en el Ministerio de la Presidencia, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ganó el pasado año 75.744 euros brutos, menos que algunos de sus más inmediatos colaboradores.

Esa circunstancia se repite en todos los ministerios desde el puesto de secretario de Estado en adelante: a más responsabilidad, menos sueldo.

El Portal de la Transparencia también ha permitido conocer las indemnizaciones que han recibido los altos cargos que han cesado en su cargo. Destacan los 236.789 euros en dos años que ha cobrado el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura Sánchez, o los 149.945 de Antonio Colino, exconsejero del Consejo de Seguridad Nuclear.

‘puertas giratorias’ Otro de los aspectos más llamativos del portal es la posibilidad de conocer el destino laboral de algunos de los antiguos altos cargos que han solicitado una autorización para ejercer la actividad privada.

Por ejemplo, Borja Adsuara, hasta 2013 director de Red.es, fue autorizado en julio pasado a trabajar en cinco empresas o instituciones diferentes. El antiguo embajador de España en Francia, Carlos Bastarreche, ha pasado a trabajar en Airbus.

Así hasta un total de 12 altos cargos, que han pasado de desempeñar puestos de responsabilidad en la Administración a trabajar en universidades, bufetes de abogados o empresas de tecnología. - DNA/E.P.

Informaciones vetadas para la ciudadanía. Entre los límites a la información aparecen los datos sensibles sobre la defensa nacional y los intereses económicos del Estado, o informaciones de carácter personal, protegidas por la Ley de Protección de Datos.

30 días para contestar. Si una información no esté disponible en el portal, cualquier ciudadano podrá solicitarla a través de un formulario en línea y la Administración deberá contestar en un plazo máximo de 30 días. Si el ciudadano no está de acuerdo con la información facilitada, podrá recurrir ante el Consejo de la Transparencia o incluso ante los tribunales.

Para el PSOE, un fraude de portal. El PSOE, a través de la diputada Isabel Rodríguez, calificó de “fraude” el nuevo portal de transparencia al dejar sin publicar la declaración de bienes de 257 altos cargos, entre ellos varios secretarios de Estado y unos 80 embajadores.