Madrid - La Fiscalía Anticorrupción solicitará hoy más de cien años de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20 los reclamará para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros. Así lo confirmaron ayer fuentes jurídicas, que precisan que el Ministerio Público pide que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000 euros, aunque apoyará su exculpación. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, a quien se acusará de un delito de blanqueo de capitales, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades que supuestamente ha defraudado su cónyuge.

Se trata de las principales peticiones que el fiscal Pedro Horrach incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que presentará ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados de la causa. La solicitud de pena para el marido de la hermana del rey Felipe VI y otros inculpados podría variar in extremis en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y asuman así su culpa en los hechos.

Beneficio ilícito En lo que a Cristina de Borbón se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su esposo en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles pantalla que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon. Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50% y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008. Para reclamar esta cantidad, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”, aunque no se le considere responsable criminal de los hechos investigados.

No son las únicas cantidades de dinero que reclamará Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). En concreto, sobre Urdangarin pesan delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Los mismos que sobre Torres, si bien se enfrenta a un solo delito fiscal.

Ahora deberá ser el juez José Castro quien determine en su escrito de apertura de la vista oral si incluye a la infanta Cristina como acusada o estima la tesis de Horrach, que la exonera con el apoyo de la Abogacía del Estado. Al existir una sola acusación en su contra, la popular del sindicato ultra Manos Limpias, el juez instructor debe barajar la aplicación de la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo, que recoge que si el Estado, como parte perjudicada -en un fraude fiscal-, no acusa no cabe celebrar un juicio por el asunto, con una acusación privada. Es posible, por otra parte, asumir una tesis adversa, la llamada doctrina Atutxa que, según valoraciones jurídicas, avala la acusación y vista; y es que al estar ideada para aplicarla en un delito de desobediencia, permite que, al carecer de un perjudicado concreto, la acción popular, en este caso Manos Limpias, inste la apertura de juicio contra la esposa de Urdangarin. La Audiencia de Palma dejó la resolución sobre Cristina de Borbón a criterio del instructor y remarcó que “existe un matiz” en la infanta, porque ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió su esposo, contra quien la Fiscalía y la Abogacía sí que actúan.

Petición de manos limpias En este contexto, Manos Limpias reclama un total de 26 años y medio de prisión para el duque de Palma, cuyo nombre incluirá junto al de su mujer en el escrito de calificación que presentará hoy ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Cristina de Borbón se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. En el caso de la infanta destaca que su papel fue imprescindible para que su marido pudiera defraudar hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008. incurriendo en un agravante: haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios. La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro años de investigaciones desde que a principios de 2010 las pesquisas dieron sus primeros pasos para acabar estallando en noviembre de 2011. - E.P./DNA