EL fin de la actividad armada de ETA, anunciado el 20 de octubre de 2011, dio carácter definitivo a un proceso que se inició dos años antes con la llegada de Rodolfo Ares a la consejería de Interior: la progresiva retirada de escoltas privados del País Vasco, donde habían sido destinados para proteger a los amenazados por la violencia terrorista. Una medida “precipitada” a juicio de muchos de los afectados y tras la que, en apenas un lustro, este colectivo ha pasado de contarse por miles en Euskadi a suponer una presencia testimonial. La consecuencia inmediata es que la gran mayoría de estos profesionales no pueden ser absorbidos por un mercado que ha menguado de forma considerable.

Los datos de la Asociación Española de Escoltas (Ases), la más importante del sector, son elocuentes. La cota más alta de guardaespaldas privados en la CAV se situó en unos 2.600, y en Nafarroa 1.100 -en el año 2009, 1.492 personas necesitaban protección en Euskadi por la amenaza de ETA-. La situación ha cambiado de forma radical y, según las mismas fuentes, solo quedan 30 escoltas en la CAV. Más de la mitad se dedican a proteger a víctimas de violencia de género y una pequeña parte acompaña a “dos o tres personas” que todavía se considera que deben ser protegidas, pero que dejarán de estarlo en el futuro.

“Un funcionario lo sigue siendo, le mandan a otro sitio y sigue cobrando un sueldo todos los meses. El escolta privado se ha ido a la calle en un 97% de los casos”. Así lo afirma Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas. En declaraciones a DNA, explica que solo un 3%, “una cifra bajísima”, se ha reubicado en empresas del sector, ya sea en puestos de vigilante, jefes de servicio, inspectores o profesores de seguridad privada. A ello se añade un 5% que está trabajando en el extranjero, en “zonas de alto riesgo” como África, Medio Oriente y sobre todo Latinoamérica. El propio De la Cruz, al frente de la asociación desde 2001, trabaja fuera de España “porque aquí no da”. “El resto está en el desempleo, hay gente que ha dejado la profesión y se está autoempleando, ha cogido todo el paro de golpe y ha montado una tienda o se ha comprado un camión o un taxi”, asevera.

Fuentes del Departamento de Seguridad confirmaban a este periódico que ahora mismo hay 34 mujeres con escolta privada por violencia de género, una cifra que fluctúa de forma constante, y recordaban que en los presupuestos de 2015 hay una partida de 4,5 millones de euros para este fin. Una cantidad, la dedicada a la contratación de seguridad, que no ha dejado de disminuir desde los 97,7 millones de euros de 2010 -en 2013 fue de 9,6 millones, un 70% menos-. Desde el Gobierno Vasco agregaban que también se requiere el servicio de estas empresas para vigilar edificios como centros policiales, es el caso de la comisaría de la Ertzaintza en Erandio.

El presidente de la Asociación de Escoltas en Activo en el País Vasco y Navarra, Joao Pedro de Oliveira, recuerda que “Rodolfo Ares inició la reducción y empezó con el tema de la violencia de género, pero no ha servido para cubrir todos los puestos que ha ido dejando la amenaza de ETA”. A preguntas de este medio, reprocha también al Gobierno español que “no ha hecho nada por ampliar la protección por violencia de género a nivel nacional. En un primer momento dijeron que nos iban a echar un cable pero nos han dejado completamente tirados y olvidados”. Sobre la posibilidad de encontrar trabajo en el sector, describe una situación muy difícil, agudizada además por la crisis económica. “Hemos trabajado a cara descubierta en el País Vasco, y yo mismo he tenido que ocultar en el currículum que he sido escolta intentando entrar en otros sectores. Me ha sido complicadísimo, he estado trabajando como vigilante de discoteca pero llevaba año y medio entregando currículums”, relata. Según él, “hay gente que ha perdido la casa y ha regresado con sus padres. ¿Y todo por qué? ¿Por haber trabajado de escolta y haber luchado por la libertad en el País Vasco?”

Vicente de la Cruz también critica la forma en la que las instituciones han afrontado esta problemática. Comienza reconociendo que, “desde el punto de vista técnico de la seguridad pública, las administraciones han hecho lo que tenían que hacer, analizar el riesgo y tomar decisiones. Si el riesgo prácticamente ha desaparecido, la realidad es que tienen que retirar los servicios de protección, no tiene sentido otra cosa. Y se han retirado los privados y los públicos, también por parte de todas las Fuerzas de Seguridad del Estado: Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil”.

A continuación, censura que “no ha habido un reconocimiento hacia la profesión”, lamentando que no se hayan adoptado medidas como incluir un plus en el paro o financiar procesos de formación para reubicar a los escoltas, “cosas que se han hecho en otros sectores”. Pone como ejemplo la reconversión industrial en Euskadi, una época en la que estaba trabajando en Bilbao, y en la que “la gente fue formada y reubicada en el sector tecnológico. Las instituciones hicieron un esfuerzo y hubo gente que se quedó con unas pensiones enormes para toda la vida. Y aquí no se ha hecho nada, ni una mala palabra ni una buena obra, así se puede definir”.

El plan del Ministerio del Interior para reciclar a los trabajadores de la seguridad en vigilantes en las cárceles españolas tampoco ha supuesto un alivio para la profesión. De la Cruz asegura que “la buena voluntad de los políticos del País Vasco, socialistas y populares, no se ha plasmado en nada porque en las cárceles no está trabajando casi nadie del sector, poquísima gente”. Argumenta que “la mayoría no quiere ese trabajo porque no es de escolta, es de vigilante de seguridad”. Respecto a los pocos que sí estarían dispuestos a recalar en las prisiones, Joao Pedro de Oliveira asegura que se han topado con el problema de que las empresas “han metido a quienes han querido. ¿Quién controla que realmente seleccionan a escoltas? ¡Nadie! Nos hemos quedado tirados una vez más”.

Decisión precipitada En esta coyuntura, algunos exescoltas han unido fuerzas para fundar una asociación, bautizada Las sombras olvidadas de Euskadi, para tratar de conseguir trabajos directamente de las instituciones. Desde Euskadi, De Oliveira es escéptico y se pregunta “¿montar una asociación para pedir qué? El Gobierno actual no se preocupa de sus propios casos de corrupción, ¿alguien cree que nos van a echar un cable ahora que ha pasado tanto tiempo, tantos años?”. De la Cruz opina desde Madrid que le parece bien: “Que la gente se junte siempre suma, pero es muy difícil lograr soluciones profesionales o de largo recorrido si no existe una unidad o se está en los foros adecuados”. Así, cita a la Asociación Española de Escoltas que preside -con 1.500 asociados pero que llegó a tener más de 4.000- como “la más representativa” y donde se puede “hacer fuerza”.

En lo que ambos también coinciden es en considerar que la retirada de escoltas del País Vasco fue “precipitada”. Joao Pedro de Oliveira, al frente de la Asociación de Escoltas en Activo en el País Vasco y Navarra desde 2006 -ha pasado de 350 afiliados a cerca de 70-, subraya que “ETA no se ha disuelto, al Gobierno le interesa decirle a la ciudadanía que está terminada, pero no ha entregado las armas”. De la Cruz opina que “el tiempo le ha dado la razón al Ministerio del Interior y al Departamento de Seguridad, y no ha pasado nada, pero podía haber pasado. La realidad es que ETA no ha entregado las armas y tampoco ha renunciado a sus objetivos, lo que ocurre es que no tiene capacidad operativa”. Sobre el fin de la protección a amenazados critica que “fue precipitado porque se hizo pensando en la economía más que en la seguridad. Fue de un día para otro, sin dar un plazo a la profesión para estudiar una salida más tranquila”.