gasteiz - Al menos 220 familias de personas que murieron asesinadas en atentado terrorista siguen sin tener una sentencia que aclare la responsabilidad del crimen. Al menos porque, como advirtieron ayer los autores del Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Caso vasco, algunos de los casos amnistiados-afectados por la ley de 1977 que exoneró delitos anteriores al 15 de diciembre de 1976- podrían entrar también en esta categoría y porque existen siete casos sometidos a expurgo -causas que se han destruido- o casos que en este momento se han reabierto.

Una fotografía de situación realmente difícil de digerir pero sobre la que este informe encargado en marzo por el Gobierno Vasco al equipo coordinado por el periodista Carlos Fonseca pretende ayudar a arrojar algo de luz con el objetivo, como recordó ayer el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, de avanzar en el “compromiso de clarificación” recogido en el Plan de Paz y Convivencia. El documento ha sido remitido esta misma semana a Lehendakaritza e Iñigo Urkullu recibió ayer a sus autores.

El informe se centra únicamente en víctimas mortales de atentados terroristas vinculados, como reza su título, con el “caso vasco”; no se estudian por ejemplo atentados como el del 11-M. Un trabajo que no ha sido sencillo por la “casuística enorme” que los autores se han encontrado, destacó Fonseca, pero también por la falta de colaboración que se han encontrado en su investigación por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Audiencia Nacional.

Por otra parte, como destacó el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, el “esclarecimiento” no es un concepto procesal, lo que dificulta la metodología y el resultado final del estudio, en la medida en que el Derecho establece hechos, recordó, siempre “más allá de toda duda razonable”. De este modo, el informe considera casos no esclarecidos aquellos cuya situación procesal es “archivado” o “sobreseído”.

discrepancias Con estos mimbres, uno de los escollos de partida para el estudio fue, destacó Fonseca, la disparidad de datos que existen en los distintos registros, desde el Ministerio del Interior a las asociaciones de víctimas. De hecho, el informe recoge hasta 44 casos que considera “controvertidos” en cuanto a su autoría, entre los que se encuentran los asesinatos de la niña Begoña Urroz (1960), el taxista Germán Aguirre (1975) o el dirigente de ETA(pm) Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur (1976). Los autores cifran en 849 las víctimas mortales provocadas por ETA. Al Batallón Vasco-Español (BVE) y grupos similares atribuyen 41 asesinatos y a los GAL, 27.

Según el estudio, de esas 849 personas asesinadas, 548 casos cuentan con sentencia; sin embargo, 170 vieron como la causa abierta era sobreseída y otras 27, archivada. Estos serían las 197 víctimas mortales cuyos atentados están sin esclarecer. La mayoría de estos casos corresponden a los años 70 y 80; como dato orientativo al respecto, tomando como referencia la ruptura de la tregua de Lizarra en enero de 2000, once casos permanecen en una de esas dos situaciones procesales, frente a 42 que tienen sentencia. Respecto a los asesinatos perpetrados por el BVE y grupos similares, sobre un total de 41 se consideran pendientes de esclarecimiento diez, aunque sobre 24 de ellos no hay datos procesales. Finalmente, en el caso de los GAL, se cifran en 10 los crímenes mortales sin resolver de un total de 27.

En total, los autores cuantifican 220 casos sin esclarecer, dato por debajo del que manejan las asociaciones de víctimas (superior a 300 en un estudio de 2011) pero superior a los informes de la Fiscalía, que los situaba en 178, lo que da fe de esas discrepancias en la elaboración de los registros de víctimas y de la falta de información en torno a la evolución procesal de muchos de esos casos. Un trabajo complejo, como destacó Jonan Fernández ante los medios. “Por respeto y consideración a las víctimas, y para no crear falsas expectativas, no debe obviarse, sino reconocerse la complejidad de la tarea (el esclarecimiento de algunos crímenes) en la mayor parte de los casos, agravada por el paso del tiempo”, destacó, comprometiéndose además a prestar “una especial atención a la realidad de las víctimas de las décadas de 1970 y 1980”.