Pamplona - Navarra terminará la legislatura con presupuestos prorrogados. El Parlamento rechazó ayer por tercera vez consecutiva las cuentas del Gobierno, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la comunidad, y que tampoco había ocurrido hasta ahora en ningún otro gobierno, ni autonómico ni central. Consecuencia lógica de la ruptura de la coalición de Gobierno en junio de 2012 y de la decisión personalista de la presidenta de agotar su mandato en soledad y sin capacidad de acuerdo.
Un escenario que ha llevado a la comunidad a tres años de desgobierno, tensionando las relaciones políticas, amplificando el malestar social generado por la crisis y los casos de corrupción, y generando una inestabilidad institucional que ha acabado afectando de lleno a UPN, sumido ahora en un enrevesado proceso de elección de un sucesor de incierto desenlace.
En cualquier caso, el resultado parlamentario de ayer, donde solo el PP salió en auxilio de Barcina, entraba dentro de las previsiones tanto del Gobierno como de la oposición, que afrontaron el debate como un trámite ordinario, sin más tensión política que la de reiterar los argumentos esgrimidos las últimas semanas. Así, la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, volvió a reprochar al resto de partidos su voluntad “destructiva”, mientras que los distintos portavoces enfatizaron la capacidad del Ejecutivo foral para llegar a acuerdos, que este ni siquiera hay hecho el esfuerzo de presentar novedades que pudieran, al menos, poner hacer dudar el sentido de su voto.
No lo ha hecho la consejera, asumido como tenía, con buena dosis de resignación, que el proyecto de gastos no saldría de la Cámara. Un presupuesto que mantiene la estructura de gasto de los dos últimos años, limitándose a asumir las obligaciones estructurales ordinarias y alguna pequeña novedad en matera de reactivación económica. Planes sobre los que el rechazo parlamentario de ayer no va a tener ninguna influencia.
La prórroga supone que el Gobierno deberá gestionar las cuentas de 2012, las últimas aprobadas, y que cuentan con una cuantía máxima de gasto (3.711 millones) superior a la presupuestada para 2015 (3.417 millones). Así que ahora Goicoechea deberá ajustar las cifras aprobadas a sus propias previsiones, lo que no deja de ser un trámite administrativo sin mayores consecuencias. Sí se verán afectadas algunas partidas para el fomento de la industria introducidas como novedad para el próximo año, aunque no son muchas y el Gobierno las podrá recuperar mediante una modificación puntual que previsiblemente podrá aprobar en el Parlamento.
La poca importancia que el Ejecutivo ha dado al debate de su propio proyecto de presupuestos ha quedado reflejada en que este se ha debatido en la Cámara sin saber cuál va a ser la política de ingresos del próximo ejercicio. Rechazada la propuesta fiscal del Gobierno, finalmente parece que será aprobada la reforma del PSN, que según Hacienda supondrá 103 millones menos en ingresos, más incluso que lo planteado por el propio Ejecutivo. Cifra lo suficientemente alta como para condicionar la ejecución del presupuesto, que un año más se improvisará de forma acompasada a la evolución de la recaudación tributaria, lo que no deja de ser una incógnita. Y que, en todo caso, quedará ya para el Gobierno que salga de las elecciones.
