GASTEIZ - Presionado por los sectores más intransigentes dentro su partido y fuera de él, que le acusan de no haber tenido mano dura con la consulta del 9-N, el presidente Rajoy parece decidido a olvidarse de la política y dejar el proceso soberanista catalán en manos de los tribunales, tras el anuncio ayer de la Fiscalía Superior de Catalunya de presentar una querella contra Artur Mas y varios consejeros del Govern.
La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirigirá contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
El escrito que ultima la Fiscalía podría acusar también a los titulares de las consellerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9-N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo.
La Fiscalía Superior de Catalunya está trabajando sobre un primer borrador de la querella que le ha remitido la Fiscalía General del Estado, en la que se barajan varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9-N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.
El Ministerio Público cree que los miembros del Govern contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el TC, así como de prevaricación.
Por el contrario, de la querella que se remitirá al TSJC quedarán excluidos en principio los responsables de los locales bajo cuya autorización se abrieron el pasado domingo los centros públicos donde se instalaron los puntos de votación de la consulta.
A expensas de que la denuncia se concrete a lo largo de la jornada de hoy, el movimiento de Rajoy -que hoy romperá su silencio tras anunciar ayer casi por sorpresa una comparecencia en La Moncloa- sitúa en dos planos distintos y de sentido contrario los planteamientos entre Barcelona y Madrid.
Ni la apuesta reiterada ayer por Mas de iniciar un diálogo con Rajoy y enfriar las plebiscitarias parecen ser suficientes para calmar a los sectores más intransigentes, que como el sindicato Manos Limpias, acaba de presentar una denuncia contra los participantes de la presunta “negociación secreta” mantenida entre representantes del Gobierno, el PSOE y la Generalitat para facilitar la celebración de la consulta. No es de extrañar que en este contexto tan beligerante, al que se suman algunas voces dentro del PP, el Gobierno haya puesto a la Fiscalía a trabajar en la judicialización del 9-N.
“Resolver cosas” Mientras tanto, el president Mas, al que algunos daban por finiquitado hace una semanas, sigue al frente del proceso y planteando iniciativas, como la carta que ayer envió Rajoy en la que le ofrece establecer un “diálogo permanente entre los dos gobiernos para resolver cosas”.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, dijo que este diálogo debe servir, entre otras cuestiones, para que pacten una “consulta definitiva” a los catalanes para preguntarles sobre el futuro político de Catalunya. Mas sostiene que el 9-N fue la constatación definitiva de que la gente quiere pronunciarse, y, tras la movilización de más de dos millones de personas, Mas considera que Rajoy debería aceptar esta vez una consulta negociada.
La consulta definitiva que pide Mas sería a la británica o a la canadiense, es decir, como las que celebradas en Quebec y en Escocia, aunque no tiene muchas esperanzas de que prospere: “Es la vía mejor y más civilizada de hacer la cosas. ¿Si confío en ello? Confío muy poco porque la experiencia es la que es”. La carta pivota sobre un tercer punto, además del diálogo permanente y la consulta definitiva: avisar a Rajoy de que, si la consulta pactada no llega, se puede “utilizar las elecciones” autonómicas como sustitutivo de la consulta. - Kepa García
Tres días después, Rajoy dará la cara. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá hoy en el Palacio de la Moncloa para hacer una declaración tras la celebración del 9-N en Cataluña y el posicionamiento del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Dimite un alcalde del PP por deslealtad de su socio, el PSC. El alcalde de Benavent de Segrià (Lleida), Josep Maria Palau, del PP, ha anunciado su dimisión debido a la “deslealtad” de sus socio de gobierno, el PSC, que acordó con CiU ceder un local para el proceso participativo del 9-N.
Los escasos conocimientos de Vargas Llosa. El escritor peruano Mario Vargas Llosa aseguró ayer durante una conferencia en una universidad de Kiev que no conoce a ningún catalán que quiera que esa comunidad autónoma se separe de España.
Denuncia de Vox contra Rajoy. El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentó ayer ante el Tribunal Supremo una querella contra el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, como supuesto autor de un delito de “dejación de funciones” ante el proceso de participación ciudadana en Catalunya.
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja para que el Gobierno responda por no haber impedido la celebración de la consulta en Catalunya el pasado domingo.
