EN algunos círculos de Madrid se acostumbra a reducir el proceso soberanista catalán a una mera obsesión personal del president Artur Mas que, según esa versión, también buscaría tapar los recortes sociales. Los partidarios de la consulta prevista para hoy matizan que el proceso cuenta con el aval de la mayoría del Parlament y con un notorio empuje de la ciudadanía, que ha protagonizado multitudinarias manifestaciones en las convocatorias de la Diada de los últimos años y que, a pesar de ello, no ha dado signos de fatiga. Por ello, ven acreditado que el proceso no es un empeño personal de Mas, y que la sensación de agravio de los catalanes lleva años larvándose. En ese sentido, el cepillado del Estatut por parte del Tribunal Constitucional en 2006 desató una profunda indignación entre los catalanes, que vieron cómo los jueces amputaban los artículos más relevantes a pesar de que el texto contara con el aval del Parlament, el Congreso español y la propia ciudadanía del territorio a través de referéndum. En 2012, Mas propuso un pacto fiscal al presidente español, Mariano Rajoy, para mejorar la financiación catalana. También se topó con un portazo. Con cada negativa, fue cundiendo en Catalunya la sensación de que no había manera de buscar acomodo o mejorar su encaje en el Estado, lo que terminó abonando la apuesta por la ruptura.

El resto es historia ya conocida. La mayoría política y social de Catalunya optó por convocar una consulta independentista, y Mas se afanó en buscar las vías legales vigilado de cerca por una elevadísima movilización social muy difícil de modular y que complicaba en extremo cualquier paso atrás. Además, durante todos estos meses ha gobernado en minoría y ha tenido que mimar su pacto con ERC. En ese complicado contexto, Rajoy no le ha ofrecido ninguna tabla de salvación a la que aferrarse y que le hiciera desviarse de la apuesta por la ruptura. Es más, tanto en el cepillado del Estatut como en el veto al pacto fiscal, el PP ha tenido un papel clave: la ahora vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, fue quien entregó el recurso en mano al Tribunal Constitucional en 2006, y en 2012 fue Rajoy quien negó el pacto fiscal a Mas. Mientras tanto, el president se ha enfrentado a serias estrecheces presupuestarias, que le han obligado a aplicar recortes. En cualquier caso, en las últimas horas se ha insinuado que el plebiscito de hoy, una fórmula suavizada más parecida a una mera consulta popular organizada por asociaciones cívicas, podría haber sido acordado con Madrid. Aun así, el proceso sigue siendo imprevisible y puede vetarlo la Fiscalía.

EL CAMBIO El origen del descontento hay que situarlo en el veto al Estatut. Hasta entonces, aunque estaba presente el sentimiento nacionalista y periódicamente surgían tensiones por considerar escasa la cantidad de recursos que destinaba España a Catalunya, CiU había apostado por el encaje en el Estado y había contribuido a la estabilidad en Madrid, pactando incluso con el Gobierno de Aznar y arañando importantes mejoras en el sistema de financiación que el propio partido consideró satisfactorias. En sus 23 años al frente de la Generalitat, Jordi Pujol fue visto como un hombre de Estado. Además, a diferencia de Euskadi, Catalunya había brindado un apoyo mayoritario a la Constitución en 1978 (91% de votos favorables), y CiU hizo campaña a favor del sí. Todo se torció con el Estatut.

El texto fue negociado entre el Gobierno español del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y la Generalitat de Pasqual Maragall, también socialista. El líder de CiU Artur Mas tuvo mucho peso en los contactos. Con varios retoques de por medio, el texto pasó todos los filtros: el del Parlament, el del Congreso y el del referéndum en Catalunya. Pero el PP no estaba contento con su contenido y lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. La sentencia llegó en 2010, y se llevó por delante los artículos más jugosos. Mantuvo el término nación para referirse a Catalunya, pero solo como mero elemento decorativo sin valor vinculante. Además, la sentencia aludía hasta en ocho ocasiones a la “indisoluble unidad de la nación española”. También limó los artículos que apostaban por el catalán como lengua vehicular y de uso preferente en la administración, y la defensa de un consejo judicial catalán como órgano de gobierno de los magistrados, en paralelo al CGPJ español y respetando sus competencias.

La noticia cayó como una bomba en Catalunya. Todo parecía atado, se habían pasado todos los filtros y había pacto político de por medio, pero ni de esa forma logró prosperar el Estatut, lo que hizo pensar a los catalanes que no había manera de mejorar el encaje en España. El Congreso, además, había vetado cinco años antes el proyecto de nuevo estatuto defendido por el lehendakari Ibarretxe con el aval del Parlamento Vasco. Todas las vías parecían cegadas y comenzó a larvarse el descontento. El propio Zapatero fue consciente de lo que estaba por venir, y trató de poner vendas proponiendo la búsqueda de vías legales para restaurar el espíritu original del Estatut de alguna manera, aunque se vio como un brindis al sol. El 10 de julio de 2010, un millón y medio de catalanes protestaron en las calles por el recorte del Estatut. La jornada la convocó Òmnium Cultural, una asociación que, precisamente, ha pasado a promover las marchas por la consulta junto a la ANC.

Mientras los partidos aguardaban el fallo del Constitucional, en algunos sectores ya cundía la sensación de que la vía del acuerdo con el Estado estaba agotada. En ese caldo de cultivo arrancó la dinámica de las consultas populares de independencia. El recorrido comenzó en el municipio de Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009, y la votación la convocó una organización cívica y no el ayuntamiento, ya que de lo contrario hubiera sido vetada por la justicia española. La cifra de participación se situó en el 41,01%, por encima de la asistencia registrada en las elecciones europeas. No obstante, quedó claro que la convocatoria movilizó mayoritariamente a los independentistas, ya que la secesión ganó por un espectacular 96%. Esa es una de las objeciones que se plantean a las consultas populares.

OTRO PORTAZO Tras el veto al Estatut, las elecciones catalanas del 27 de diciembre de 2010 estuvieron presididas por la acusada caída de PSC y ERC, miembros del anterior gobierno tripartito. CiU subió seis puntos y Artur Mas accedió a la presidencia. Le ha tocado gobernar en el peor momento, ya que ha tenido que gestionar el descontento por el veto del Estatut y, poco después, las consecuencias de la dura crisis económica. La sensación de agravio por el modelo de financiación se amplificó también por los severos recortes de la Generalitat, con los copagos, la reducción del empleo público e incluso la petición del rescate a España. Además, la justicia ha puesto en solfa el modelo de inmersión en catalán en las escuelas.

Por aquel entonces, la principal propuesta del president era el pacto fiscal, muy similar al Concierto económico vasco. Mas creía que, si Catalunya gestionaba sus propios recursos, podría retener más riqueza en su territorio y no tendría tantos problemas económicos. Catalunya podría tener una hacienda propia y regular impuestos. La Generalitat calculó que aportaba a España un 8% del PIB más de lo que recibía. Sin embargo, se topó con un nuevo interlocutor en Madrid. Rajoy había ganado las elecciones de 2011 y, en su encuentro del 20 de septiembre de 2012, rechazó la propuesta porque, a su juicio, no encajaba en la Constitución. “Se ha perdido una oportunidad histórica”, lamentó el president.

Mas abogó por adelantar las elecciones y por convocar una consulta. Para entender por qué acabó convocando un adelanto para el 25 de noviembre de 2012, habría que tener en cuenta que el pacto fiscal era la propuesta estrella de su programa y acababa de caerse, unas jornadas antes un millón y medio de catalanes habían clamado por el derecho a decidir en la Diada, y su Ejecutivo gobernaba en minoría sin apoyos externos, ya que aún no había tendido puentes con ERC. Su propósito pasaba por lograr la mayoría absoluta tras el adelanto, pero quedó muy lejos e incluso perdió doce escaños, casi los mismos que ganó ERC, razón por la cual no cabía interpretar el resultado como un pinchazo de la consulta, sino más bien al contrario. CiU, con 50 escaños, y ERC, con 21, desbordaban la mayoría absoluta.

Mas rubricó un acuerdo de estabilidad con la formación de Oriol Junqueras, aunque no han completado el camino en solitario, sino que han contado con el respaldo de la CUP e ICV. Ello les ha permitido dar pasos con una muy amplia mayoría de 87 escaños entre el total de 135 que conforman el Parlament. En ocasiones se ha sumado el PSC, que ha dejado ver que los catalanes quieren ser consultados, aunque se ha movido entre dos aguas porque no quiere una consulta ilegal y se ve limitado por su dependencia del socialismo estatal.

sin solución política Una de las primeras tareas que abordó el Parlament fue aprobar una declaración de soberanía en enero de 2013 y, aunque el Constitucional la vetó, no cerró del todo la puerta al derecho a decidir. Matizó que es una aspiración política y que, como tal, puede encauzarse en una negociación que respete los procedimientos constitucionales. Pero Rajoy no ha cogido el guante, no ha ofrecido soluciones políticas y se ha ceñido a la vía judicial, recurriendo todos los pasos a favor de la consulta. Tampoco parece que vaya a abordar una reforma constitucional antes de las elecciones generales, y no ha hecho ninguna contraoferta de ampliar el autogobierno para desactivar la consulta. Cuando el Parlament pidió al Congreso que cediera temporalmente a Catalunya la competencia para celebrar referendos por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, PP y PSOE se opusieron. Ante esa negativa, se buscó otro resquicio aprobando una Ley de Consultas para celebrar un plebiscito no vinculante y que, por tanto, podría tener encaje legal. El 27 de septiembre, el president firmó el decreto de convocatoria de la consulta. “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? ¿Quiere que ese Estado sea independiente?”, rezaban las preguntas. Madrid recurrió la ley y el decreto. Semanas después, se diseñó el 9-N alternativo, con voluntarios y como proceso participativo.

En todo ese recorrido, Rajoy no ha accedido a hablar de la consulta, al menos de puertas afuera. Primero justificó su negativa en la deslealtad en la que habría incurrido Mas al anunciar la fecha y la pregunta por su cuenta pero, cuando el president le tomó la palabra y le ofreció pactar la pregunta, el popular despachó el asunto asegurando que no entraría en debates absurdos. Visto el deterioro de las relaciones, Mas intentó recuperar el diálogo en su reunión de julio planteándole 23 propuestas concretas sobre infraestructuras, lengua o impuestos. Madrid solo ha encauzado una. Se especula con que Rajoy solo hablará tras el 9-N. El lunes se verá si abre la mano. Nadie sabe si las ofertas llegarán tarde y serán insuficientes ante la ola independentista.